Repudio en Tandil a la absolución de dos civiles condenados por delitos de lesa humanidad

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Eduardo Righi y la jueza Angela Ledesma absolvió a los hermanos Emilio y Julio Méndez, que habían prestado la quinta de Tandil donde estuvo secuestrado y fue ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977.

Los dos civiles habían sido condenados en 2012 a penas de 15 y 11 años como partícipes del secuestro y asesinato de Moreno, quien permaneció cautivo en esa quinta de su propiedad en Tandil, utilizada como centro clandestino de detención.

Este domingo cientos de personas se movilizaron hacia la citada quinta a fin de exponer públicamente su desagrado por la determinación judicial.

La movilización llegó hasta la quinta en donde el abogado Moreno fue ejecutado.

Tras la marcha, en contacto con 0223, la dirigente Griselda Altamirano, del Movimiento 1° de octubre, expresó sus sensaciones: “Fue un orgullo compartir este momento de lucha, honrando la memoria de nuestros caídos, la que vamos a defender con el cuerpo continuando con su legado y su ejemplo”.

El caso ya había pasado por Casación en 2013. En esa oportunidad el tribunal confirmó las condenas a los dos civiles y las perpetuas dictadas contra los ex militares Julio Alberto Tomassi, Roque Ítalo Papalardo y José Luis Ojeda. Sin embargo, los hermanos Méndez recurrieron esa decisión y en diciembre de 2020 fueron beneficiados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se vuelva a examinar su caso. Esa decisión de la CSJN, dictada 8 años después de la condena original, motivó esta nueva revisión de Casación.

La marcha organizada en Tandil para repudiar la absolución de Emilio y Julio Méndez.

El nuevo fallo de la Sala IV de Casación anula así dos condenas que habían resultado paradigmáticas, por tratarse de las primeras recibidas por civiles en la provincia de Buenos Aires. 

A pesar de dar por probado que el abogado laboralista estuvo en la quinta de los Méndez y de calificar como gravísimos los delitos de lesa humanidad que sufrió Moreno, el tribunal de casación otorgó valor preponderante a las declaraciones de los propios imputados por sobre las de los testigos y omitió ponderar el contexto en el que sucedieron los hechos. Así concluyó que no consideraba acreditado que los condenados “fehacientemente conocían la finalidad para la cual se utilizaba su propiedad”.

El fallo de la Cámara de Casación prescinde de cualquier evaluación sobre la eliminación deliberada de evidencias y el ocultamiento sistemático de pruebas que se advierte en las causas por crímenes de lesa humanidad en general, y en lo que concierne a la actuación de civiles en particular.

Desde el gobierno nacional también expresaron su preocupación por la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y aseguraron que la misma “representa un retroceso extremadamente preocupante en el juzgamiento de los responsables civiles del terrorismo de Estado”.

“Desde la Secretaría de Derechos Humanos continuaremos acompañando a los familiares y presentaremos ante la Corte Suprema de Justicia un amicus curiae aportando argumentos jurídicos sobre los casos de responsabilidad civil y empresarial; también seguiremos impulsando la puesta en funcionamiento, en el ámbito del Congreso de la Nación, de la Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia creada en 2015, por la ley 27.217”, concluyeron desde el Ejecutivo nacional en un comunicado oficial.