Alerta en Tandil: temen despidos y cierre de dependencias del gobierno nacional

Los trabajadores de la agencia territorial de Tandil dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación atraviesan un escenario de incertidumbre ante la posibilidad de que se disponga el cierre de oficinas en todo el país en el marco de una reestructuración del organismo. La problemática es idéntica a la que acontece en Mar del Plata, donde 48 empleados del área podrían quedarse sin puestos laborales.

La situación en Tandil derivó en un estado de “alerta permanente” entre los empleados, quienes advierten que la medida podría implicar despidos, finalización de contratos y el desplazamiento de personal de planta permanente.

Un escenario de incertidumbre

La preocupación creció en las últimas semanas a partir de versiones sobre un proyecto de decreto que modificaría la estructura del área laboral a nivel nacional. Según señalaron desde el sector gremial, esta iniciativa contemplaría la eliminación de las agencias territoriales que funcionan en distintas ciudades del interior.

En ese contexto, la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo, Carolina Gallardo, brindó detalles de la situación en declaraciones al medio El Eco de Tandil, donde advirtió que la definición podría concretarse en el corto plazo.

De acuerdo a lo expresado, el eventual cierre no solo impactaría en los puestos de trabajo, sino también en la continuidad de políticas públicas vinculadas al empleo y la capacitación laboral en la región.

Reclamos y organización gremial

Frente a este panorama, los trabajadores llevaron adelante distintas asambleas para analizar la situación y definir medidas a seguir. Además, convocaron a otros sectores a sumarse en defensa de las políticas laborales y de las fuentes de empleo.

La convocatoria contó con el respaldo de la mesa intersindical de Tandil, espacio que reúne a diversos gremios locales, cuyos representantes manifestaron su solidaridad y anticiparon que acompañarán eventuales acciones.

Desde el sector advirtieron que el cierre de estas dependencias podría traducirse en un “abandono” de las políticas de empleo en la región y en otros municipios alcanzados por la cobertura del organismo, lo que —según señalaron— incrementaría la informalidad laboral y la desocupación, además de limitar el acceso a instancias de formación.

En ese marco, insistieron en la necesidad de una respuesta colectiva para frenar lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales y presencia del Estado en el territorio.