La Justicia Federal de Mar del Plata exige informes al Gobierno por la exploración petrolera

La Justicia Federal de Mar del Plata elevó este viernes un pedido de informes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para definir si suspende o no la exploración petrolera que se le permitió desarrollar a Equinor, junto a YPF y Shell, en tres áreas offshore de la Cuenca Argentina Norte ubicadas a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

Al tratar la demanda que había presentado un ciudadano particular, el juez Santiago Martín decidió pedir una serie de expedientes administrativos que están en poder del Estado Nacional para poner analizar a fondo el estado de situación del conflicto planteado.

"Se trata de documentación que está en manos del Ministerio de Ambiente", le confiaron a 0223 fuentes judiciales, que también precisaron que el magistrado fijó un plazo de cinco días hábiles para que la cartera de Juan Cabandié acerque cada uno de los documentos exigidos.

La Justicia Federal, entonces, esperará a que el Gobierno cumpla con la requisitoria y prontamente acerque los informes para poder decidir el rechazo o aceptación de la cautelar que solicitó un ciudadano de manera particular en el marco de un amparo. Pero como Martín dispuso en su resolución la acumulación de las causas por la conexidad de los hechos, esto también aplica al resto de las demandas en curso.

De modo que también queda frenado el tratamiento de las otras tres cautelares que también están en trámite del juzgado marplatense por la exploración petrolera, que son las que impulsó un grupo de ambientalistas autoconvocados, el intendente Guillermo Montenegro y Greenpeace junto a otras entidades ambientalistas.

La acción del titular del Juzgado Federal N°2 de la ciudad se da en el marco de la demanda con la que se pretendía suspender las actividades de exploración sísmica, "hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto ambiental garantizando el acceso a la información pública relacionada con esta actividad y la efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú, y en la toma de decisiones en lo concerniente a la actividad proyectada”.

Allí, también solicitó que se diera intervención a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto, correspondientes.

El magistrado avanzó con este primer pedido de informes después de que la fiscal Laura Mazzaferri diera un primer dictamen favorable al pedido judicial. Para la representante del Ministerio Público Fiscal, los presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar requerida estaban dados, ya que se había argumentado correctamente sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora del reclamo.

La zona de prospección sísmica

En el último día hábil del año pasado, el presidente Alberto Fernández autorizó la exploración en tres áreas offshore. Uno de los bloques es CAN 100, que comprende un área de 15 mil kilómetros cuadrados, la más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino. Este bloque y CAN 108 se ubican 307 kilómetros frente a Mar del Plata mientras que CAN 114 está a 443.

Aunque en todos los casos Equinor es la principal operadora, en el área CAN 100 la petrolera noruega controla el 35%, YPF otro 35% y Shell el 30% restante; mientras que en CAN 114 tiene el 50% e YPF controla el otro 50%. Y en CAN 108 todavía no hay socios.

La campaña que próximamente se llevara adelante, en caso de que la Justicia diga lo contrario, abarcará profundidades que van desde los 1.000 a los 3.500 metros en la plataforma continental argentina, algo que marca una novedad con relación a las anteriores experiencias offshore que se han desarrollado en el país desde los ’70: es la primera vez que las operaciones ocurren en aguas profundas y ultraprofundas.

Todavía no hay una fecha de comienzo confirmada para estas tareas - todo depende, a su vez, del la resoluciones que defina la Justicia - pero Equinor, por lo pronto, sí adelantó que prevé completar el relevamiento sísmico en cinco meses. Después de ese plazo, habrá que esperar más de un año para terminar de procesar todos los datos y saber si, al final, hay petróleo.