Patrulla Municipal: nombraron a 2 expolicías echados de la fuerza, se enteraron y los dieron de baja

Dos casos con rasgos similares quedaron en evidencia en las últimas horas, luego que el intendente Guillermo Montenegro decidiera anular el nombramiento de dos agentes que durante el año prestaron servicios en la Patrulla Municipal. ¿El motivo? Habían sido echados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 2019, uno por haber sido condenado a un año de prisión en suspenso; el otro, por el manejo irregular de fondos públicos. El primero tenía rango de sargento y se desempeñaba en la DDI Mar del Plata, el otro era un comisario de la Sub DDI de Balcarce.

Los paralelismos se siguen replicando en un doble hecho que instala un signo de interrogación respecto a las garantías sobre la idoneidad de los agentes que cumplen tareas de prevención en la Patrulla Municipal: ambos inspectores fueron expulsados de la fuerza por el ministro Cristian Ritondo, durante el gobierno de Vidal, en una decisión confirmada dos años después por su sucesor Sergio Berni, ya bajo la gestión de Axel Kicillof. Otro punto en común: los dos casos salieron a la luz cuando los entonces agentes presentaron su foja de servicios en la Bonaerense para cumplimentar los trámites de inscripción ante la Municipalidad, pese a que ya se encontraban patrullando las calles de la ciudad.

Por dichos antecedentes, los inspectores nunca deberían haber sido dados de alta por la Municipalidad, dado que la Ley 14.656 del Régimen Marco de Empleo Municipal establece en su artículo 3°, incisos a y b, la inhabilidad para el ingreso a la Administración Municipal en casos como estos. La normativa “determina claramente la inhabilidad para el ingreso bajo estas circunstancias, como así también indica la consecuencia de las designaciones realizadas en violación a la norma”, consignó el informe legal detallado en los considerandos de dos decretos de septiembre –dados a conocer en las últimas horas-, firmados por Montenegro y en los cuales se declararon nulas las dos designaciones realizadas.

Condena firme y exoneración

El más grave de los casos tiene como protagonista a Javier Martín González, un exsargento que cumplió funciones en la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 2000 y 2021. Según las resoluciones 1485/21 del Ministerio de Seguridad, resultó condenado a la pena de un año de ejecución en suspenso con sentencia firme de agosto de 2016, aunque no se detalló el delito cometido.

Tres años después, cuando se desempeñaba en la DDI Mar del Plata, fue exonerado de la fuerza por esa condena, la sanción más grave en la administración pública, que implica la expulsión permanente y la imposibilidad de cumplir tareas en otra repartición provincial y municipal. La sanción llegó por el incumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1050/09 reglamentario de la Ley 13.982, que regula al personal de la Policía Bonaerense, en cuanto a la consideración de faltas graves que pueden derivar en una exoneración. De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por 0223, no es la única instancia judicial que enfrentó González, ya que al menos tiene abiertas otras siete causas penales, cinco de ellas de este año.

El sujeto fue designado en enero de 2022 como inspector inicial de la Patrulla Municipal y cumplió funciones hasta septiembre, cuando finalmente fue anulado su nombramiento mediante el Decreto 2236/22.

“Manejo irregular de fondos”

El segundo caso involucra a Marcos Gastón Palavecino, un excomisario que reportaba en la Sub DDI de Balcarce cuando fue marginado de la policía en 2021. El exagente primero había cumplido un pequeño periodo como inspector inicial en la Patrulla Municipal, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, durante la temporada de verano, y finalmente fue nombrado provisionalmente en mayo de 2022, pasando luego a cumplir funciones en el área de Tránsito.

Para percibir la bonificación por antigüedad, el agente presentó ante la División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos, su foja de servicio en la Policía Bonaerense, donde prestó servicios entre 1997 y 2019. Allí se evidenció que había sido dado de baja por cesantía por el “manejo irregular de fondos”, una sanción más leve que la exoneración, ya que contempla la posibilidad de una rehabilitación al pasar un año del acto que dispuso la separación de la Policía.

La Resolución 1683/21 del ministro Berni que confirmó su cesantía data de octubre de 2021, por lo que Palavecino pidió a la Municipalidad un plazo extra para tramitar dicha rehabilitación ante el Ministerio de Seguridad bonaerense. Esa posibilidad le fue denegada por el intendente Montenegro a través del Decreto 2242/22 que confirmó la anulación de su designación, al entender que la documentación “ debe encontrarse efectiva al momento del ingreso”.

La explicación de la Municipalidad

Consultados sobre por qué fueron dados de altas dos agentes con estos antecedentes en un área sensible como la Patrulla Municipal, fuentes municipales informaron a 0223 que al momento de darse los ingresos “se desconocían los impedimentos y luego surgieron con todos los pedidos de informes, que demoran mucho tiempo, y se hizo lo que se tenía que hacer, que fue dejar los nombramientos sin efecto inmediatamente”.

En línea con lo planteado por el área legal, reconocieron que “los ingresos no deberían haber ocurrido”, pero matizaron la situación con las dificultades administrativas para acceder a la información que obra en poder de otra esfera estatal y que “a la larga se termina dilucidando cuál es la situación y se los termina separando”.

Este medio planteó que los casos de los expolicías echados eran fáciles de chequear previo a la puesta en funciones, dado que ambas situaciones constan en el Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia (Repei), una base de acceso público creada en 2018 por Vidal con los casos de los 10.093 efectivos de la Bonaerense expulsados desde 1966 a junio de 2021, última fecha en que se actualizó. “Se tomarán recaudos” para los futuros casos, concluyeron desde el gobierno.