El Gobierno recusó al juez López tras la cautelar que dictó contra la campaña de vacunación del Covid-19

El Ministerio de Salud también confirmó que ya apeló formalmente la medida dispuesta por el magistrado federal de Mar del Plata. "La decisión no tiene fundamento técnico, ni rigor científico", coincidieron autoridades sanitarias.  

La ministra Carla Vizzotti, en la última reunión del Consejo Federal de Salud.

3 de Diciembre de 2022 09:48

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Ministerio de Salud de la Nación presentó el viernes su apelación contra la cautelar que ordena suspender la promoción de la vacunación contra el coronavirus en bebés y menores de hasta 16 años y también recusó al juez federal de Mar del Plata Alfredo López para apartarlo de la causa después de la resolución que dictó.

La novedad judicial fue confirmada oficialmente, después de la reunión extraordinaria del Consejo Federal de Salud que encabezó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En el cónclave, las autoridades sanitarias participantes reconocieron que la decisión del magistrado local "no tiene fundamento técnico ni rigor científico".

"La presentación realizada recusa al juez interviniente por haber adelantado de manera pública su opinión sobre cuestiones que están pendientes de resolución en el presente caso, lo cual incumple con la garantía de imparcialidad que debe respetar en su cargo", explicaron desde la cartera de Vizzotti, a través de un comunicado.

Además, en el ministerio confiaron que en el encuentro del Cofesa se recordó que el juez López "ya ha dictado medidas cautelares que suspendieron políticas de salud pública, como la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Pase Sanitario". "En todos los casos, dichas medidas fueron revocadas por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata", destacaron.

Las autoridades recordaron que las vacunas que se aplican en Argentina cuentan con evidencia científica sobre la seguridad y eficacia, y fueron autorizadas por agencias regulatorias, organismos internacionales y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Además, cuentan con el aval de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la Sociedad Argentina de Pediatría. Asimismo, enfatizaron que las vacunas son el elemento por antonomasia destinado a proteger la salud de la población en el marco de la pandemia del coronavirus.

Lo que no es obligatorio no se puede suspender

El miércoles, López dictó la medida cautelar innovativa tras un recurso de amparo colectivo que peticionó el abogado de la ciudad Julio Razona y planteó que se mantendrá vigente en todo el país “hasta tanto se verifique la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información relacionada a los efectos de la inoculación de aquellas vacunas contra el Covid-19”. El juez justificó el fallo al acusar al Ministerio de Salud de la Nación de no proveer “información suficiente” sobre las vacunas que distribuye dentro del país “para avalar los estándares constitucionales y legales vigentes”.

“Resulta claro a mi criterio que la metodología a través de la cual se accede a la información sobre los productos a inocular conforme el estado de salud particular de cada menor, no resulta adecuada al grado de gravedad de las múltiples consecuencias que puede tener la aplicación de las diversas formulaciones aprobadas”, insistió en su dictamen.

A pesar de esta sentencia, en los vacunatorios hoy siguen inoculando a menores de edad, ya que ninguna decisión jurídica tiene potestad para suspender lo que no es obligatorio (la adherencia a la campaña de inmunización es voluntaria y, en el caso de los chicos, la responsabilidad se relega en sus propios padres).

Lo único que altera la resolución del magistrado es que, a partir de ahora, antes de recibir la vacuna los padres deberán recibir información del propio personal de salud en la cual se advierte por los supuestos efectos adversos que podría generar la inoculación en las niñeces. El juez también ordenó a los trabajadores de los vacunatorios a que detallen a las familias el funcionamiento del Fondo de Reparación que creó el Ejecutivo nacional en julio del año pasado.