¿Puedo ir a vacunar a mi hijo?: qué pasa con la campaña contra el Covid-19 tras el polémico fallo del juez López

¿Hay vacunación contra el coronavirus para chicos o no? La pregunte se hizo recurrente en las últimas horas en boca de distintos padres al conocer la medida cautelar que dictó el juez federal Alfredo López donde ordena la suspensión de la campaña que promueve el Gobierno para inmunizar a la población y detener el avance de la pandemia después de acusar “falta de información” por parte del Ministerio de Salud.

Lo cierto, más allá de la controversia y la confusión que generó el fallo del magistrado marplatense, es que hoy los vacunatorios siguen inoculando a menores. La razón radica, en primera instancia, porque la campaña de vacunación en el país no es obligatoria sino que es de carácter voluntario. Y en el caso de bebés y adolescentes de hasta 16 años, son los propios padres los que se hacen responsables por el acceso a la vacuna.

El propio López lo reconoció en entrevistas que brindó después de dictar su sentencia este martes. “Evidentemente yo no puedo suspender lo que no es obligatorio y no puedo pasar por encima de los padres que sí quieren, a pesar de distintas circunstancias, vacunar igual a sus hijos bajo su propia cuenta y riesgo”, aclaró el juez que, con su fallo, despertó fuertes cuestionamientos de Carla Vizzotti y Nicolás Kreplak, los ministros de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

¿Qué cambia entonces?

Lo único que altera la resolución del magistrado es que, a partir de ahora, antes de recibir la vacuna los padres deberán recibir información del propio personal de salud en la cual se advierte por los supuestos efectos adversos que podría generar la inoculación en las niñeces. “Si un padre quiere vacunar a su hijo, puede hacerlo, pero también debe exigir y a su vez el Estado tiene la obligación de informar contraindicaciones, efectos secundarios y el derecho a indemnización”, explicó López.

El juez también ordenó a los trabajadores de los vacunatorios a que detallen a las familias el funcionamiento del Fondo de Reparación que creó el Ejecutivo nacional en julio del año pasado. Se trata de mecanismo de resarcimiento económico “destinado a aquellas personas que eventualmente padezcan un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna Covid-19”, según consta en el decreto 431/2021.

En caso que el personal no brinde esta información específica a los papás que se acercan a vacunar a sus hijos, entonces incurrirían, según López, en una “desobediencia judicial” que ameritaría el inicio de una causa penal. “En ese caso habría que hacer la denuncia pero eso ya redunda la competencia del juez penal en turno en la localidad que ocurra el hecho”, comentó el funcionario judicial en declaraciones periodísticas.

Apelación en curso

A través de sus redes oficiales, la ministra Vizzotti ya avisó que trabaja con representantes legales en una apelación para hacer caer a la brevedad la cautelar resuelta por el magistrado de Mar del Plata, quien el año pasado ya protagonizó una fuerte polémica al dictar la suspensión de la ley de la Interrupción Legal del Embarazo (IVE).

López decretó esta medida cautelar innovativa contra la campaña que promueve la vacunación para no contraer Covid-19 a partir de un recurso de amparo colectivo que interpuso el abogado Julio Razona. “Resulta claro a mi criterio que la metodología a través de la cual se accede a la información sobre los productos a inocular conforme el estado de salud particular de cada menor, no resulta adecuada al grado de gravedad de las múltiples consecuencias que puede tener la aplicación de las diversas formulaciones aprobadas”, aseveró el juez.

En el fallo se estableció que la medida se mantendría vigente “hasta tanto se verifique la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información relacionada a los efectos de la inoculación de aquellas vacunas contra el Covid-19”. “A tal fin, se dispone que la medida sea cumplimentada en debida articulación con las autoridades sanitarias provinciales y municipales, quienes tienen a su cargo la implementación operativa del Plan referido, respecto de los cuales quedará a cargo de las codemandadas la obligación de su notificación, con posterior acreditación en los presentes actuados, evitando dilaciones que pudiesen comprometer los derechos de los actores”, exigió.