El censo en la mira, la abogada y qué pasa con los pedidos de informe

Con el Censo 2022 en la mira

El lunes, el gobierno municipal informó que el intendente Guillermo Montenegro pidió ser querellante en la causa iniciada por el intendente de Tres Febrero, Diego Valenzuela, por la presunta adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010. Según ya lo habían expresado legisladores de Juntos, la maniobra se habría realizado para que el Municipio del conurbano obtenga mayores ingresos por coparticipación, en perjuicio del resto de los distritos bonaerenses.

“En caso que se compruebe que fue así, ¿qué chances reales hay de una compensación para los municipios perjudicados?”, consultó 0223 a voces de peso en el gobierno local. “Esto no se hace tanto mirando para atrás, sino para que no vuelve a pasar este año”, reconocieron en el gobierno. Más allá de las consecuencias legales que deberían afrontar los responsables, siempre y cuando se compruebe la presunta maniobra, pocas expectativas hay en que se traduzca en nuevos fondos para la ciudad.

Para conseguir un "resarcimiento" por las diferencias obtenidas en estos años -en caso de que la justicia encuentre evidencias de un delito- podría recurrirse a una nueva demanda, esta vez en contra el Estado nacional. Será otro capítulo aparte, en caso de que se confirme. 

La abogada

Al igual que con la medida cautelar para frenar la exploración petrolera, Montenegro pidió ser querellante con el patrocinio letrado de Mauro Martinelli, el subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad. La novedad fue la segunda abogada que colabora con el exdiputado nacional: Ana María García de Righi. Se trata de la viuda de Esteban Righi, el exprocurador General de la Nación en los gobiernos de Néstor y Cristina, entre 2004 a 2012.

El también exministro del interior de Perón renunció a su puesto cuando el entonces vicepresidente Amado Boudou involucró al estudio de abogados de su esposa con supuestas maniobras ilegales por el ofrecimiento de influir sobre jueces federales en su favor, cuando aún se desempeña en Anses. El propio Righi había integrado el bufet de abogados hasta su asunción como jefe de los fiscales.

El estudio señalado había quedado integrado -aún se mantiene- por García de Righi, Fabián Musso y María José Labat, en ese momento, esposa del entonces ministro de Seguridad de Mauricio Macri en el gobierno porteño, Guillermo Montenegro. García y Musso fueron quienes defendieron al actual intendente cuando estuvo imputado en 2010 en la causa de espionaje ilegal a través de escuchas telefónicas realizadas por el espía Ciro James. Finalmente, el juez Oyarbide sobreseyó a Montenegro. En cuanto a la denuncia de Boudou, el juez Ariel Lijo sostuvo que no se acreditó el ofrecimiento de influencias sobre el Poder Judicial denunciado por el vicepresidente, por lo que no avanzó.

Vueltas de la vida judicial: la denuncia de Valenzuela recayó en el Tribunal 11 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, el que perteneció al fallecido Claudio Bonadío y actualmente subrogado por Julián Ercolini. El propio Ercolini, Montenegro, Daniel Rafecas y el ya nombrado Lijo fueron los cuatro jueces que Néstor Kirchner nombró en 2004 para completar las vacantes en Comodoro Py.

La Guerra en Ucrania ensanchó la grieta marplatense

Las cuestiones previas caldearon la última sesión del Concejo Deliberante, con acusaciones cruzadas entre el Frente de Todos y Juntos por la situación en centros de salud de la ciudad, el proyecto de reconocimiento facial de prófugos y el control de precios. También hubo espacio para la política internacional: Juntos impulsó un repudio “al conflicto bélico unilateral iniciado por el presidente ruso Vladimir Putin”, votado en contra por el Frente de Todos, que presentó un dictamen propio.

En vano fueron los intentos de conciliar una redacción que contemple las diversas miradas sobre el conflicto bélico. Desde que el radical Gustavo Pujato presentó el proyecto de declaración a fines de febrero, asesores del kichnerismo acercaron redacciones alternativas, rechazadas de plano. El último de esos textos, planteaba la “profunda preocuparon ante el conflicto bélico suscita en territorio ucraniano”, donde se pedía “recuperar de la vía diplomática como herramienta de resolución e conflictos alcanzando la paz”.

“Es importante que la comunidad reciba una sola señal, que debe ser por la paz”, pidió Marina Santoro (Frente de Todos). Sin embargo, la falta de señalamiento de la responsabilidad del gobierno ruso fue un punto irreconciliable para el interbloque de Juntos. “Negar la invasión es negar lo que está en los diarios de todo el mundo”, respondió Pujato, que logró el apoyo de Crear Juntos y Acción Marplatense..

Desinformados

Una postal recurrente en el Concejo Deliberante: la oposición expresando su descontento por el retraso en la respuesta a los pedidos de informe en el marco del tratamiento de ordenanzas. Pero el miércoles la situación adquirió mayores condimentos en la Comisión de Industria, donde un proyecto para la creación del Clúster Cervecero y otro para fundar el Corredor Urbano Productivo Estación Norte están trabados a la espera de dos informes solicitados a la Secretaría de Desarrollo Productivo en marzo de 2020 y julio de 2021, respectivamente.

Uno de los integrantes de la comisión es Fernando Muro, quien hasta diciembre fue el responsable del la secretaría que no respondió. “Nunca recibí el pedido de informe de estos dos proyectos, habría que revisar como es el circuito administrativo. Veo temas en los que estoy de acuerdo y nunca llegó la solicitud”, le respondió a Virginia Sívori, quien le apuntó por la demora.

“No tengo dudas que el pedido salió del Concejo. ¿Qué pasó en el Ejecutivo que nunca llegó al funcionario? Es un método de trabajo cotidiano el pedido, esto hace a la calidad del trabajo legislativo”, replicó la concejal del Frente de Todos. “Esto tenemos que remediarlo, a veces estamos meses esperando un informe mientras se piensa mal del funcionario”, matizó Horacio Taccone (Acción Marplatense), autor del segundo proyecto.

Como tarea pendiente, concejales se comprometieron a detectar qué ocurrió con ambos pedidos de informes y con el circuito administrativo en general. El propio Muro adelantó que lo conversaría con su sucesor, Adrián Consoli, en un encuentro que mantuvo horas más tarde.