El municipio cree “probable” perder los juicios por las vacaciones no gozadas por exfuncionarios

A casi dos años y medio de haber dejado la intendencia, Carlos Arroyo sigue siendo noticia luego que en las últimas horas la Municipalidad rechazará su pedido para cobrar vacaciones adeudadas, en el marco de una causa que tramita la justicia en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Sin embargo, pese a la postura de la Comuna respecto a que el beneficio de cobrar licencias no gozadas no corresponde a los funcionarios políticos, quienes deben hacer uso de los beneficios sin derecho a un reclamo económico, la propia Municipalidad admitió en un informe público que es “probable” que pierda otros dos juicios similares que impulsan dos exintegrantes del gabinete municipal.

En la Memoria Anual que la Contaduría General presentó al Concejo Deliberante en el marco de la Rendición de Cuentas 2021, el contador Guillermo Costanzo elevó un informe de la Dirección de Asuntos Judiciales con un “listado de los procesos en los que el Municipio probablemente resulte vencido”, advirtiendo que ello influirá en las finanzas municipales. Entre las 62 causas informadas se destacan las impulsadas por el expresidente del Emsur, Eduardo Leitao, y la encabezada por el exjefe del Departamento de Abastecimiento de Recursos, Jorge Alí,-junto a otros funcionarios- quienes realizaron el mismo planteo que Arroyo.

Estos dos expedientes judiciales se encuentran más avanzados que el del exintendente, donde el juez Simón Isacch ya dictó los autos para sentencia, mientras que en el de Arroyo, tramitado por el juez Marcelo Fernández, recién en los últimos días fue incorporada la contestación realizada por la Municipalidad.

Luego de vencido el mandato de Arroyo y con la asunción de Guillermo Montenegro, en diciembre de 2019 la Municipalidad recibió diversos pedidos de personas que habían cumplido roles políticos para cobrar las vacaciones que no habían gozado en 2018 y 2019. Además de los tres funcionarios nombrados, también iniciaron un trámite administrativo Gustavo Gil de Muro (subsecretario de Legal y Técnica), Alejandro Vicente (secretario de Gobierno), Susana Rivero (subsecretaria de Educación), Patricia Leniz (secretaria de Desarrollo Social) y Cristian Tait (director en Desarrollo Social).

Tras un largo proceso, donde incluso algunos de ellos acudieron a la justicia por la demora en la tramitación, la Municipalidad finalmente rechazó el pedido. Además de Arroyo y Leitao, otros exfuncionarios también vanzaron con una demanda judicial.

En caso de obtener un revés judicial en primera instancia, el gobierno municipal ya tiene resuelto apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. De persistir la postura, también llevará el caso a la Suprema Corte bonaerense, donde el fallo marcará jurisprudencia ante otros conflictos de similar tenor en los 135 municipios de la provincia.