Cuidacoches: encuentros y distancias entre oficialismo y oposición para regularlos

El debate por la regulación de la actividad de los cuidacoches comienza con tres proyectos de ordenanza sobre la mesa. Uno genérico de la UCR y otros dos del Pro y el Frente de Todos que avanzan sobre diversos aspectos, ninguno de los cuales podrá transformarse en ordenanza con los votos de los propios espacios que los impulsan. La capacidad de diálogo para encontrar puntos de encuentro y/o lograr los respaldos claves de Acción Marplatense y Creciendo Juntos, serán las claves a futuro.

La primera apuesta la hizo a comienzos de 2020 la ahora secretaria de Desarrollo Social y entonces concejal Vilma Baragiola. En junio se sumaron dos nuevos proyectos, uno de Vamos Juntos impulsado por Agustín Neme y el restante del Frente de Todos, auspiciado por Sol de la Torre y Roberto Gandolfi, concejales vinculados a los movimientos sociales.

Pese a la multiplicidad, los puntos de entendimiento son amplios. Las tres iniciativas acuerdan en la generación de un registro, donde tendrán que inscribirse los interesados en ejercer la actividad, quienes recibirán un permiso precario de un año de duración, pudiendo ser renovado por otro plazo igual. Asimismo, se les otorgará un carnet identificatorio, que tendrá una foto con nombre y apellido, y el cual deberán exhibir mientras ofrezcan su servicio.

La propuesta de Baragiola regula aspectos genéricos, dejando varios elementos abiertos a la reglamentación que determine el Ejecutivo. Los del Pro y el Frente de Todos son más específicos, donde también evidencian aspectos similares. Por ejemplo, los cuidacoches deberán tener domicilio en General Pueyrredon y asistir a cursos y capacitaciones brindadas por la Municipalidad. También contarán con una zona fija de trabajo, no pudiendo mudarse a otros lugares. En esa línea, se establece una zona de cobertura total donde podrán habilitarse el servicio de cuidado de vehículos, pudiéndose ampliar solo en eventos o situaciones especiales.

Un aspecto central de ambos proyectos es que los ciudacoches no podrán pedir el pago de una contribución por el servicio, el cual será a voluntad del automovilista. En caso de hacerlo, será considerado motivo para hacer caducar el permiso vigente, lo que también podrá ocurrir ante la reiteración de denuncias de vecinos por mal comportamiento o si trabajan bajo los efectos del alcohol, drogas ilegales o sin la identificación.

A limar diferencias

Pese a los grandes puntos de entendimiento que evidencian las propuestas de Juntos y el Frente de Todos, hay elementos que, a priori, podrían dificultar la generación de un consenso en el que se unifiquen los criterios. Una propuesta en particular evidencia el encuadre desde el cuál se analiza el fenómeno de los cuidacoches: para el oficialismo, un requisito para conseguir la habilitación es no contar con antecedentes penales, algo que cuestionan desde el bloque opositor y también los cuidacoches, quienes alertan sobre que se trata de una disposición que atenta contra la reinserción social de personas que ya cumplieron su pena.

“La economía popular es una forma de reinserción en la comunidad para quienes han tomado malas decisiones o han incurrido en delitos, pero ya cumplieron sus penas. Las personas que cometieron delitos pueden reinsertarse en la comunidad”, planteó la concejal Sol de la Torre (Frente de Todos) a 0223, dejando en claro la posición del espacio. Sin embargo, creen que podrían encontrar un punto intermedio, al solicitar a los cuidadores alguna certificación sobre que no cuentan con un pedido de captura vigente. “Que el conocimiento de los antecedentes penales no sea por una cuestión estigmatizante, sino que incluso sirva para construir estadísticas que refuercen la idea que uno se puede reintegrar”, agregó.

De manera global, la visión del Pro parece partir desde un análisis de la situación en tanto problemática de seguridad ciudadana, mientras que el Frente de Todos lo estudia desde un enfoque que se detiene en el fenómeno de los trabajadores de la economía popular. Otro dato que corrobora estas dimensiones opuestas: para los primeros, la autoridad de aplicación debe ser la Secretaría de Seguridad; para los segundos, la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Finalmente, el proyecto impulsado por Neme establece como requisito para obtener la credencial que cada cuidacoches presenta una nota de recomendación dada por los vecinos, permiso que además no se otorgará a quienes tengan ingresos comprobados mayores a un salario mínimo, vital y móvil, actualmente en 47.850 pesos.