Entre el Congreso y la justicia: qué tiene que pasar para que el DNU de Milei sea aprobado o rechazado

Tras la primera cadena nacional del presidente Javier Milei y la oficialización del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, un sector de la población se manifestó en las calles, además desde los sectores de la política y del gremialismo, rechazando de plano la casi total desregulación de la economía. Y sectores de la justicia plantearon su preocupación por el DNU, ya que advierten, es “anticonstitucional”.

Leonardo Palacios, abogado, investigador y docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Atlántida Argentina (UAA) coincidió con la opinión de varios juristas de renombre a nivel nacional, acerca que el decreto “va en contra con lo que pide la Constitución Nacional de lo que es un DNU”.

“El DNU es una facultad excepcional del Poder Ejecutivo, que se introdujo en la reforma de 1994 y tiene un procedimiento especificado en la Constitución, solo para el caso de una situación de emergencia, y además causas excepcionales que impiden que el Congreso se reúna a otorgar un decreto de ley. Que ese es el requisito que no se da en este momento”, razonó en declaraciones a 0223 y agregó: “No se puede determinar que todas medidas estas tienen una excepcionalidad y ahí está el problema de la constitucionalidad de este decreto”.

El también docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) aclaró que -a modo de ejemplo- “el caso de extender el período de prueba en los contratos laborales, uno podía suponer nuevos integrantes, que se están formando las distintas comisiones, que por ejemplo, es necesario regular por temporada verano”, pero razonó, “es un punto de los más de 300” y citó al caso de las Sociedades Anónimas de los clubes de fútbol. “Es un cantidad enorme de cuestiones que no ameritaran un DNU”, remarcó.

Pero el especialista en derecho, institucionalmente pueden pasar dos cosas:

“Como primer punto, el Congreso tiene la obligación de tratar el decreto, solamente puede rechazar o aprobar, no puede modificar. Y tiene un plazo. Si el Congreso no trata el DNU o una de las cámaras no lo rechaza expresamente, tiene que ser válido. Es uno de los problemas constitucionales. Hasta ahora en la historia, ningún DNU fue rechazado por el Congreso. Pero en este caso, habría que ver primero que hacen”, evaluó Palacios.

Y explicó que el DNU también puede ser frenado por la justicia. “El control de constitucionalidad de cualquier ley, en nuestro sistema está en el Poder Judicial. Independientemente de lo que pase en el Congreso, si alguien presenta una acción judicial pidiendo la declaración de inconstitucionalidad, de una parte o de todas”.

“Por ejemplo, un sindicato por la reforma que el DNU hace con el convenio colectivo pide por una acción judicial, que sea inconstitucional. La justicia le dé la razón a una rama (un sindicato) pero no a todos. Pero puede que si lo trata la Corte Suprema, entiende y se haga un afecto cascada. Y todos los tribunales tomen el mismo camino”.

Otra de las opciones donde el DNU 70/2023 puede caer, es que debido a que el decreto trate tantas cuestiones, puede pasar que alguien presente una acción judicial en primera instancia. “Por ejemplo desde el Juzgado Federal de Mar del Plata, piden una medida cautelar que paralice este decreto. Y sobre esto, no hace falta que se expida las instancias intermedias: se puede pedir un per saltum y ahí la Corte Suprema puede evaluar inconstitucionalidad o no del decreto”, aclaró.

Por último, el también Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAA se mostró preocupado por la posibilidad también, a que la Corte Suprema no se pronuncie prontamente. “Habría una incertidumbre jurídica muy grande. La Corte tiene una tarea difícil, porque si llega a avalar el decreto en su totalidad -puede ser algunas puntuales- pero si se avala en su totalidad, va a dejar a la Argentina institucionalmente en una situación muy difícil, porque va dejar al Poder Ejecutivo poder legislar, casi sin ningún control”.