Las nuevas tomas de tierras volvieron a encender el debate en el Concejo Deliberante

Como ocurrió con la toma del año pasado en las inmediaciones del Polideportivo Las Heras, la nueva toma en el mismo barrio ocurrida la semana pasada y un intento fallido en barrio Libertad, caldearon el ambiente en el Concejo Deliberante. En el contexto de la Comisión de Legislación se registraron fuetes cruces entre Juntos y el Frente de Todos, en el marco de un proyecto del Pro para impulsar la quita de ayudas sociales a quienes protagonicen ocupaciones ilegales de tierras.

“Es un delito penal tomar una tierra pública o privada. Queremos que quienes lleven adelante este delito y tengan algún tipo de beneficio, como los planes sociales, se les quite de manera automática”, afirmó Agustín Neme (Pro), en el marco del tratamiento de un proyecto presentado el año pasado para que los gobiernos nacional y provincial establecen protocolos de actuación ante las tomas.

“Sería un gran paso para nuestra sociedad que esto pueda llevarse adelante”, planteó el concejal, quien hizo referencia a la toma iniciada la semana pasada en un predio de Fortunato de la Plaza y Tetamanti, y un intento fallido en un predio de Río Negro y Strobel de 224 a 220. El edil amarillo además buscó exponer las diferencias internas del Frente de Todos: “esto mismo están proponiendo Massa y Berni, que son representantes del kirchnerismo”.

Las respuestas llegaron desde las concejalas Verónica Lagos y Marina Santoro. Desde el plano legal, se remarcó que las tomas de tierra en sí no constituyen un delito, sino que, tal y como lo dispone el Código Penal, solo está tipificado el delito de usurpación, que es la posesión o tenencia de un inmueble cuando ese despojo sea, establece el Artículo 181º, “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”. Segundo reproche jurídico: la realización de sanciones a personas que son inocentes, en tanto no existe sentencia judicial que determine lo contrario.

La concejal Lagos incluso fue más allá y se preguntó si el objetivo del proyecto es “crear algún dispositivo paralelo que le permita a los estados locales proceder con desalojos cuando la Justicia no lo dispuso”. Por su lado, Santoro devolvió la chicana de Neme y le recordó que, cuando era diputado nacional, el intendente Montenegro aprobó en 2018 la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la suspensión de los desalojos en barrios populares hasta diciembre de este año. “El que modificó su opinión sobre el problema de los desalojos fue el intendente”, le espetó.

A la polémica también se sumó el concejal Martín Aiello, de Acción Marplatense, quien dijo que proyectos como el de Neme “a veces son para hablar para la tribuna y quedar bien con un pensamiento determinado”. Y advirtió sobre el impacto social de una medida como la propuesta: “sancionar así rápidamente agrava la situación social de una familia que por necesidad extrema ocupó un terreno”.

El presidente de la comisión, el radical Daniel Núñez, tampoco se quedó afuera. “Muchas veces son mafias y otras veces hay organizaciones sociales (en las tomas), aprovechándose de una necesidad que tiene que ver con la vivienda”, sostuvo. La referencia pareció empalmar con las declaraciones del senador bonaerense Alejando Rabinovich (Pro), quien días atrás sostuvo que “las tomas son dirigidas y comandadas para generar caos en Mar del Plata”.

Tras los idas y vueltas, finalmente la comisión resolvió mantener el tema en tratamiento, a la espera de informes solicitado meses atrás a Nación y Provincia. Sin votos para ello, Neme había pedido la aprobación de su proyecto.