7 de cada 10 padres no pagan la cuota alimentaria: buscan endurecer sanciones

Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ese es el caso de los progenitores que dejan de convivir con sus hijos. Hasta las 14 en el asilo Unzué, profesionales de la salud mental y abogados brindan asesoramiento gratuito a mujeres que tienen esa problemática. 

28 de Abril de 2023 12:08

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Centro de Acceso a la Justicia desembarcó este viernes en Mar del Plata para llevar a cabo el primero de una serie de operativos territoriales de atención y asesoramiento ante el incumplimiento de la cuota alimentaria. De esta manera, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 14 habrá profesionales disponibles para atender tanto legal como psicológicamente a aquellas personas que así lo requieran en el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ubicado en el Asilo Unzué (Santa Cruz 3571).

Este tipo de operativos van de la mano con las propuestas de reformas administrativas que impulsa la cartera y que prevé, por ejemplo, la creación de un registro unificado de todos los deudores alimentarios y tener en cuenta distintas medidas para sancionar a los incumplidores. Así lo explicó a 0223 la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, quien subrayó que el incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de progenitores constituye una “grave vulneración a los derechos de niños, adolescentes y jóvenes” ya que implica una “forma de violencia económica y simbólica directa ejercida contra las madres, que son quienes, por abrumadora mayoría, se hacen cargo de las tareas de cuidado con mucha mayor carga horaria y de responsabilidades”.

La funcionaria dijo que se calcula que alrededor del 70% de los progenitores varones que dejan de convivir con sus hijos no pagan la cuota alimentaria. “Esto, lejos de ser un problema individual y aislado, se transformó en un conflicto social de interés público que amerita que el Estado intervenga con toda su fuerza para cesar el incumplimiento que en definitiva se traduce en más niños, niñas, adolescentes y mujeres pobres en nuestro país, porque cuando uno de los adultos responsables de una familia no cumple con esta obligación, eso se traduce en que las mujeres sostienen con sus tiempos, con sus cuidados y con sus economías, el desarrollo y la crianza de sus hijos”, enfatizó. 

En ese sentido, también hizo hincapié en otra problemática que consideró “importantísima” y que está relacionada con la actuación del Poder Judicial una vez que la demanda está judicializada. “Sabemos que hay que esperar por lo menos dos años para tener una sentencia definitiva y que en la mayoría de los casos lograr medidas provisorias, es decir, cautelares hasta la sentencia definitiva, es una odisea”, advirtió. En ese marco, destacó que con los operativos que llevan a cabo en los diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, apuntan a acompañar y brindar un abogado o abogada gratuito para aquellas madres que no pueden hacer frente a los honorarios profesionales por sus propios medios. 

Gabriela Carpineti (Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia), Diego García (CDR Unzué) y Maximiliano Álvarez (referente regional del CAJ)

En cuanto a la posibilidad de que se apliquen sanciones a los deudores, Carpineti dijo que para avanzar en ese sentido hace falta una reforma legislativa y precisó que desde su área promueven la elaboración de un registro unificado a nivel nacional en el que figuren todas las personas que no cumplen con el pago de la cuota de alimentos. Incluso, señaló, también apuntan a que se puedan notificar a esos deudores a través de WhatsApp, ya que en muchas ocasiones se dificulta localizarlos personalmente. “El tema de las sanciones es fundamental”, sentenció y mencionó al club Newell’s de Rosario, al que les está vedado el ingreso a los deudores. “Eso debería suceder en otros ámbitos laborales, sociales, comunitarios, que sean las instituciones públicas y civiles las que sancionen con medidas. Si vos no cumplís con tus obligaciones, hay derechos de los que te vas a ver privados”, recalcó. 

Respecto de la situación que se vive en Mar del Plata en particular con respecto a esta problemática, Diego García, referente del del CDR Unzué, reconoció que cada vez son más los casos en los que toman intervención. “Vemos que muchas mujeres se acercan a pedir alguna ayuda habitacional o de alimentación, y eso tiene que ver justamente con que están desesperadas por poder contener a su familia, a sus hijos. Es una demanda sostenida y en algunos casos los números no son buenos en Mar del Plata”, reconoció.

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