Con cambios se reactiva la licitación para la explotación de publicidad en la vía pública

Luego que el expediente para la licitación de la explotación de publicidad en la vía pública estuviera frenado un año en el Concejo Deliberante, el gobierno de Guillermo Montenegro reactivó su tratamiento e incorporó modificaciones sustanciales al Pliego de Bases y Condiciones. La principal modificación: la explotación no estará a cargo de dos empresas, sino que quedará en manos de una sola.

Las novedades las dio a conocer el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, a través de un informe elevado este martes a la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante donde adjuntó el nuevo pliego, explicando además que las modificaciones se deben a los cambios de organigrama municipal y al nuevo contexto económico.

La licitación apunta a un contrato inicial de 10 años para otorgar la concesión del reacondicionamiento, mantenimiento, provisión, reposición y explotación publicitaria del mobiliario urbano. Contempla tanto el mobiliario existente, como el nuevo a instalar a cargo de la empresa. El pliego fue originalmente presentado en julio de 2023 y hasta septiembre de ese año tuvo un movimiento habitual. Sin embargo, desde entonces y hasta hace días estuvo frenado. 

El cambio más relevante es que la propuesta original dividía la concesión en dos empresas, mientras que ahora todo el sistema quedará a cargo de una sola. En la idea original un concesionario tendría a cargo el reacondicionamiento a nuevo y explotación publicitaria de 400 refugios de transporte público existentes que serán refaccionados y otros 50 a crear con características antivandálicas, además de 200 pantallas publicitarias luminosas. La segunda firma tendría la explotación de publicidad en 60 casillas de guardavidas nuevas, dos mil banderolas en columnas de alumbrado público, 1.600 carapantallas -ahora se reducen a 1.200-, ocho pórticos publicitarios y ocho tótems led.

Martinelli explicó este cambio planteando que de esa forma habrá una “simplificación del procedimiento e implementación de la contratación”, lo que también se reflejará en la simplificación en la “implementación y control del cumplimiento del contrato”.

El canon explicitado sufrió una variación que igualmente es prácticamente testimonial (pasó de 1,5 a 6,6 millones de pesos anuales), donde sin embargo los ingresos principales para la Municipalidad provendrán de una porcentaje sobre la facturación mensual neta del permisionario. Dicho monto dependerá de lo que ofrezcan los oferentes en la licitación, lo que será uno de los puntos importantes a evaluar el analizar las propuestas.

En tanto, el Ejecutivo también modificó la matriz de evaluación de ofertas, “cuestión que derivó de la simplificación del procedimiento que conduce a tener un solo adjudicatario en la contratación”. Allí se propone que la calificación pondere aspectos no previstos previamente, como la la reducción de la cantidad de contratos que hayan celebrado los oferentes con los que se acredite la idoneidad, los antecedentes de los oferentes en el mantenimiento del espacio público y la ponderación de quienes hayan prestado el servicio en General Pueyrredon.

En el pliego queda fijo el criterio de que todos los elementos a renovarse y la instalación del nuevo mobiliario quedarán a cargo del concesionario, mientras que una vez finalizado el contrato, los mismos pasarán a ser parte del patrimonio municipal. Asimismo, la Comuna se garantizar espacios publicitarios sin cargo para ser utilizados exclusivamente con publicidad oficial.

Tras recibir el nuevo pliego, los concejales de la Comisión de Ambiente acordaron mantener el tema en estudio, avanzando en las próximas reuniones en su debate.

La actual concesión fue otorgada en el año 2006 mediante licitación pública a la empresa Publicidad Sarmiento SA durante el gobierno de Daniel Katz, cuyo contrato que comenzó a regir desde el 12 de junio de 2007 y por un plazo de 10 años. En 2017 y en función de una cláusula del contrato, el entonces intendente Carlos Arroyo extendió el periodo por dos años. Vencido el nuevo plazo, a mediados de 2019, Arroyo volvió a extender el plazo hasta que se suscriba un contrato correspondiente a una nueva licitación pública, mediante un decreto que fue convalidado por el Concejo Deliberante en noviembre de ese año.