Penal de Batán: "Cualquier muerte en encierro es un fracaso del Estado"

El caso que adelantó 0223 el lunes pasado sobre la muerte de un interno que se quitó la vida en un buzón de la Unidad Penal Nº 15 de Batán una vez más dejó en evidencia el estado de deterioro generalizado y superpoblación en el que se encuentra la cárcel y volvió a poner en discusión el funcionamiento de estos espacios donde la privación de la libertad no implica (o debería) impedir el derecho al acceso a la salud, a la alimentación o vivir en condiciones habitacionales dignas de quienes fueron condenados o permanecen a la espera de ser juzgados.

El juez de Garantías Juan Tapia aseguró en declaraciones a este medio que la situación penitenciaria del complejo de Batán "no escapa a lo que viene ocurriendo en los últimos años, en distintas gestiones". "Es una situación marcada por el aumento sostenido de la población y la incapacidad del sistema para respetar los parámetros normativos de las condiciones de vida de las personas alojadas", analizó.

"Habría que analizar si la persona debía estar ahí o había un indicador previo que podía poner en alerta a las autoridades sobre el riesgo de vida. Se trata de una muerte en custodia del Estado y cualquier situación de muerte en encierro es un fracaso. Ya sea por una pelea, una situación de salud desatendida o un suicido. En cualquiera de esos escenarios es un fracaso del Estado respecto de los fines normativos que implica cualquier encierro en una unidad penal", consideró.

Además de poner el foco en los parámetros habitacionales que hacen a la vida cotidiana de los internos, Tapia también puntualizó en la escasa contención de profesionales de la salud mental y la falta de herramientas para resocializar. 

"Hay falencias en la presencia de psicólogos o especialistas de salud mental frente a una población a la que lo primero que se le deteriora son las condiciones psiquiátricas. Los espacios de contención terapéutica son muy limitados y la cantidad de profesionales que trabajan en esos ámbitos es muy acotada", remarcó.

"Luego está como un aspecto esencial de la resocialización el tratamiento penitenciario: qué abordaje le damos a esa persona que cometió un hecho de violencia de género, a quien cometió un delito contra la propiedad o a quien está imputado por la venta de drogas. Hay muchos problemas en el tratamiento para evitar la reincidencia", observó.

Por último, Tapia subrayó la utilidad de los denominados "buzones". "Es el encierro dentro del encierro. Cómo juega en términos de salud mental que una persona esté encerrada 24 horas sin posibilidad de salir al patio, sin comunicarse con los demás, sin posibilidad de hacer alguna disciplina deportiva o un taller de estudios o trabajo. Son espacios donde se deteriora aún más la salud mental de esas personas. Hay que pensar cómo juegan esos espacios de castigo dentro del castigo", planteó.

Hay que pensar cómo juegan esos espacios de castigo dentro del castigo

"Es un universo extremadamente complejo que requiere la mirada de los tres poderes del Estado"

Las falencias edilicias que acusa el complejo penitenciario de Batán no son nuevas. La Unidad Penal N°15 que tiene una capacidad operativa de alojamiento para 1106 internos hoy tiene a más de 1600. Ante el estado de sobrepoblación, en septiembre de 2022 la Justicia de Mar del Plata prohibió el ingreso de nuevas personas detenidas y condenadas hasta tanto se inicie un plan integral de obras. Y a pesar que se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para poner en valor la unidad penal, a la fecha no hubo mayores avances y las limitaciones que ordenó la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, la jueza Mariana Irianni, no se cumplen.

"De manera permanente, el Poder Judicial busca algunos paliativos, pequeños parches a una situación que es estructural y que no depende de la realidad local, sino que es un diagnóstico bastante común en toda la provincia de Buenos Aires. El activismo judicial es necesario para imponer algunas medidas que son paliativos, pero requiere de soluciones de fondo y de los tres poderes del Estado interviniendo de manera conjunta", afirmó.

Tapia reconoció que "es importante que se limite el ingreso de detenidos" como ordenó la jueza Irianni, pero también señaló la necesidad de que el Poder Legislativo establezca cupos y normas para evitar la sobrepoblación carcelaria, que el Poder Judicial revea qué conflictos requieren necesariamente el encierro e instó al Poder Ejecutivo a dar respuestas a los hábeas corpus que se presentan.

"Es distinta la situación de algunos pabellones respecto de otros. Hay muchas acciones que se han entablado para ocuparse de cuestiones primarias como las conexiones clandestinas de luz, que pueden generar muertes por electrocución, o situaciones edilicias que pretenden resolver alguna situación de personas durmiendo en el piso sin colchones, sobrepasando la capacidad que tiene el calabozo. Es un universo extremadamente complejo que requiere la mirada de los tres poderes del Estado para que traten de reducir estas muertes en cárcel que marcan el fracaso del encierro", sostuvo.

El odio hacia los internos y el mensaje "contracultural" de mejorar las condiciones

El juez de Garantías reflexionó sobre el odio y la saña que se despierta en general en la sociedad contra las personas privadas de la libertad. "Hay que sincerarse y entender. Este diálogo ha transitado por la hipótesis resocializadora de los internos y por la idea de que primero salgan vivos y después salgan mejores como personas. Pero buena parte de la sociedad no comparte este discurso sino que hasta festeja las muertes en condiciones de encierro y reclama que esos internos se pudran. Es un mensaje contracultural muy importante el pensar mejores condiciones de vida de las personas que han cometido un delito o están esperando que se los juzgue. En un contexto económico tan complejo, pensar en destinar recursos a esos complejos pareciera que está dentro de las últimas demandas que puede avalar buena parte de la población", manifestó.

Buena parte de la sociedad festeja las muertes en condiciones de encierro y reclama que esos internos se pudran

En medio del fuerte ajuste que realiza en distintas áreas el Gobierno nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó que la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal afecta las plazas carcelarias.

"Siempre la quita de fondos de Nación tiene un impacto sobre el diseño de cualquier política provincial y segundo sobre los programas de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios o reformas en los ya preexistentes", dijo Tapia.