El acceso a la salud y las prepagas, los temas más reclamados por los marplatenses en la Defensoría

La liberación de precios y desregulación de servicios públicos aplicadas por el Gobierno nacional fueron las propuestas principales de la gestión de Javier Milei. Pero a miles de marplatenses y argentinos en general, estas políticas afectaron enormemente y generaron complicaciones muy graves.

Este panorama se observa día a día en la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, cuyas oficinas de 25 de Mayo 3022 reciben innumerables quejas, reclamos y consultas.

Principalmente, el tema salud pública y privada, y obras sociales y prepagas son los grandes temas que ocupan hoy el podio, junto con los servicios y sus incrementos.

"Si bien los balances se hacen hacia fin de año, podemos confirmar que hoy los que más ingresan son reclamos referentes al área salud, seguido de servicios públicos y después de bienes de consumo y servicios privados. Son las tres áreas que más demandan", afirmó el delegado Eduardo Carnicero en diálogo con 0223.

En el primer punto, la cobertura de la Defensoría es amplia ya que incluye un área extensa como organismos de control que abarca las principales instituciones como Ioma, Hiemi, e Interzonal, entre otros. "Los reclamos hacia la medicina privada y obras sociales también se han incrementado este año, en especial a partir de la entrada en vigencia en diciembre del DNU 70/23 que desreguló el tema del control de precios", describió el delegado. 

"Obviamente hay situaciones en las cuales uno acompaña y sugiere qué hacer pero eso se va viendo caso a caso concreto. Muchas veces se tiene que judicializar, porque, a diferencia de lo que ocurrió con el tema del trabajo y la CGT, en salud se desestimaron las medidas cautelares", agregó.

Por otra parte, para los vecinos de la ciudad hay mucha incertidumbre con respecto a los incrementos en los servicios públicos, cuyos pagos hoy se ven imposibilitados en muchos casos. "Hay registros en los que se han duplicado o triplicado, y tenemos consultas todos los días", dijo Carnicero, quien aseguró que hay precedentes de amparos en este sentido, con jubilados o personas en situación de vulnerabilidad a las que les ha incrementado el triple un servicio, y con los que la justicia ha fallado a favor.

"Ese tipo de cuestiones lo trabajamos conjuntamente con Oceba (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires), y otras entidades similares. Asesoramos, decimos cuál es la normativa vigente y tratamos de acompañar en la medida de lo posible, pero obviamente entendemos que se va a complicar el panorama con la luz y el gas porque van a incrementar mucho a partir de ahora. Los usuarios van a sufrir un fuerte impacto por los anuncios que se hicieron en el Gobierno nacional", argumentó.

"Hay antecedentes de amparos con respecto a los aumentos en servicios públicos", admitió el delegado.

La quita del derecho al más vulnerado o desprotegido, especialmente a quienes tienen menores ingresos, es lo que más alerta a la Defensoría. Si bien se han comunicado los aumentos oficiales, hay normativas que todavía no se han reglamentado y las boletas de los servicios no han llegado a los hogares. "Cuando esto suceda, vamos a tener que reforzar el acompañamiento para asesorar, por un lado, y también para la gente que lo vaya a padecer y no sepa cómo afrontarlo", reconoció el funcionario.

Los alquileres, en el podio de las preocupaciones

No sólo las prepagas y los servicios públicos traen dolores de cabeza a los ciudadanos, sino que la falta de acceso a la vivienda es otro de los reclamos que expresan a diario los usuarios. "Al dejarse sin efecto la Ley de Alquileres, comenzaron los problemas y este área generó muchos padecimientos", sostuvo Carnicero.

En ese sentido, indicó que "el hecho de que hoy se pida cualquier moneda, o se apliquen incrementos indiscriminados han hecho que la gente tuviera muchos reclamos".

Cómo afecta el cierre de organismos nacionales

El desarme de sedes regionales de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el Centro de Referencia de Desarrollo Social (CDR), entre otros, también han generado que muchas de las denuncias y contención que se hacían a través de ellos quedaran al desamparo.

Colectivos vulnerados, usuarios que sufrían atropellos y personas con muchas necesidades eran parte de las ayudas y acompañamientos que realizaban a diario estos organismos, que hoy quedaron desactivados.

"Obviamente se notaron estos cierres, porque nosotros somos un organismo de control y protección de derechos, y trabajamos en forma articulada con las entidades por lo que repercutió esta situación", confirmó Carnicero.

"Mucha gente que tiene problemas de acceso quedó afectada y crecieron las consultas en nuestra delegación", subrayó.