Prorrogan por al menos dos años la concesión de la recolección de residuos y declaran la emergencia del servicio

El Concejo Deliberante prorrogó por dos años, con una opción por otro plazo idéntico, la concesión del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos a cargo de la empresa Transporte 9 de Julio. La ordenanza también incluye la declaración de la Emergencia Económica-Financiera, donde se prevé que la concesionaria ahora lleve adelante un plan de desvinculación de parte de su personal.

La normativa fue aprobada fue un ajustado margen de 13 votos a favor del Pro, UCR y Coalición Cívica, en tanto que sumó 9 votos en contra de los bloques Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense. Un dato político fue la postura de La Libertad Avanza, que se mantuvo en silencio y se abstuvo sin respaldar el proyecto del intendente Guillermo Montenegro.

El contrato actual fue firmado en enero de 2016 y tenía un plazo de ocho años, mientras que en 2024 el intendente hizo uso de la opción de prórroga por otros dos años. Desde entonces se esperaba por la presentación de un Pliego de Bases y Condiciones para licitar el servicio, aunque con el paso del tiempo y la ausencia de un proyecto de nueva concesión, fue ganando volumen la opción que el Ejecutivo solicite al Concejo Deliberante una prórroga por fuera del contrato.

El argumento oficial para extender el actual vínculo es el planteo realizado por el Sindicato de Camioneros respecto a que el Municipio debiera hacerse cargo de pagar indemnizaciones al personal en caso de interrumpirse el contrato, por una cifra calculada en 30 mil millones de pesos.

“La eventual obligación de afrontar el pago reclamado por la entidad gremial a la empresa prestadora y ésta al Municipio importaría un desequilibrio de magnitud tal que comprometería seriamente las finanzas municipales, la situación presupuestaria y el normal desenvolvimiento de la hacienda local, todo lo que configura una situación de emergencia económico-financiera en los términos de la doctrina y la jurisprudencia administrativa”, aseguró el gobierno.

En el plazo de 24 meses la concesionaria llevará adelante un “plan de desvinculación sostenible”, que constaría de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, lo que abre la pregunta respecto al impacto que tendrá la merma de personal en la calidad del servicio.

Al respecto y durante el debate en la sesión, Florencia Ranellucci (Pro) acentuó que “se buscó una herramienta para poder garantizar la continuidad del servicio, eso es lo más importante. Con esta emergencia estamos garantizando el servicio y la calidad de vida de la comunidad, estamos hablando de una cuestión de salud”.

Por fuera de ello, los críticos de la prórroga apuntan a la inconsistencia del argumento oficial de las indemnizaciones, habida cuenta que existe el concepto de “continuidad contractual” consagrado por el Art. 225 de la Ley de Contrato de Trabajo. En toda licitación de un servicio público se incorpora una cláusula por la cual el nuevo concesionario -de existir- debe absorber a los trabajadores que se venían desempeñando en la anterior empresa, con la misma antigüedad y derechos.

Es precisamente lo que ocurrió con el contrato vigente de la recolección de residuos, cuyo pliego en su Artículo 52° establece que la empresa concesionaria deberá “absorber a todo el personal operativo y administrativo no jerárquico que al momento de la adjudicación esté prestando servicio en la anterior adjudicataria”. Su ejecución no fue necesaria porque hubo continuidad de la misma concesionaria. Concejales críticos también ven con preocupación el antecedente jurídico que puede sentar la extensión de la prórroga con este argumento, lo que habilitaría a que todo concesionario reclame una extensión de su contrato.

Por caso, Eva Ayala (Acción Marplatense) manifestó que “hay una política del intendente que es desatenderse de los desafíos del mediano y largo plazo. Hoy podríamos estar votando una licitación seria, transparente y modernizadora que asegure certidumbre a trabajadores y trabajadoras, brindarle seguridad a la empresa y tranquilidad a los vecinos y vecinas, para dar respuesta a las necesidades en los barrios. Pero lo que estamos haciendo es improvisar y una improvisación de vuelo corto. Esta prórroga no trae certezas ni previsibilidad”.

Desde el bloque Unión por la Patria, Valeria Crespo enfatizó que “se está abriendo un muy mal precedente, el vencimiento de un contrato no altera la ecuación económica-financiera. Hay negligencia del intendente al no elevar un pliego para la licitación”. Tras una extensa intervención pintando un mapa sobre las falencias en el abordaje de la problemática ambiental ligada a la recolección, Diego García concluyó que "la verdadera emergencia es la que viven nuestros vecinos".