Montenegro pidió al Concejo Deliberante prorrogar por cuatro años el contrato de la recolección de residuos

El intendente Guillermo Montenegro solicitó este lunes al Concejo Deliberante la prórroga por cuatro años del contrato de la recolección de residuos que vence en enero de 2026, con el fin que la firma pueda ejecutar un plan de desvinculación de su personal sin que ello afecte la prestación del servicio ni la situación financiera de la Comuna ante el planteo indemnizatorio del gremio del sector. En ese marco, el gobierno municipal también solicitó la declaración de la Emergencia Económica-Financiera del servicio.

La novedad se conoció con la elevación de un proyecto de ordenanza firmado el viernes por Montenegro, que desde este lunes hace uso de una licencia por lo que el Ejecutivo está a cargo del concejal Agustín Neme. Allí, el gobierno pide declarar la Emergencia Económico-Financiera del Servicio Público de Recolección de Residuos Urbanos y prorrogar la vigencia del contrato por dos años, incorporando una posibilidad de ampliación por dos más, a criterio exclusivo del intendente.

El contrato de la licitación realizada en 2015 tenía una vigencia de ocho años que se contabilizan desde enero de 2016, con la firma del acta de inicio. En tanto, el pliego contenía una cláusula de prórroga por dos años, de la cual se hizo uso en enero de 2024, por lo que el vínculo contractual vencen en enero de 2026. A datos de agosto, el servicio tiene un costo mensual de $5.048 millones.

La posibilidad de una nueva prórroga por fuera de lo establecido en el contrato fue ganando peso con el paso de los menos, conforme el Ejecutivo no avanzaba con la confección de un pliego de bases y condiciones para licitar el servicio.

En el mensaje de elevación al Concejo Deliberante, el gobierno planteó como argumento central del pedido de prórroga al planteo que meses atrás hizo el Sindicato de Camioneros a la contratista Transporte 9 de Julio, respecto a un reclamo indemnizatorio por la desvinculación del personal una vez vencido el contrato, el cual podría recaer directamente sobre el Municipio.

De acuerdo a lo detallado en el expediente, la empresa solicitó a la Comuna “la necesidad de implementar un plan de desvinculación del personal que resulte sostenible para evitar conflictos sindicales y la eventual paralización del servicio”, a partir de lo cual se mantuvieron reuniones entre los representantes de la contratista y autoridades municipales para encontrar una salida.

En ese contexto, “Transportes 9 de Julio S.A. presentó un plan de desvinculación sostenible, solicitando la prórroga del servicio por el término de sesenta (60) meses desde el vencimiento del plazo establecido”, por lo que ahora la Comuna solicita una prórroga total de 48 meses.

“La eventual obligación de afrontar el pago reclamado por la entidad gremial a la empresa prestadora y ésta al Municipio importaría un desequilibrio de magnitud tal que comprometería seriamente las finanzas Municipales, la situación presupuestaria y el normal desenvolvimiento de la hacienda local, todo lo que configura una situación de emergencia económico-financiera en los términos de la doctrina y la jurisprudencia administrativa”, aseguró el gobierno.

Por ello, “la prórroga del contrato vigente por un plazo cierto y determinado se erige como la herramienta más idónea para superar la coyuntura, al permitir asegurar la prestación del servicio sin discontinuidades, brindar estabilidad a los trabajadores involucrados, otorgar previsibilidad al prestador y, al mismo tiempo, resguardar el interés público comprometido en materia de salubridad, ambiente y calidad de vida de los vecinos”.

Finalmente, “la declaración de emergencia, constituye así la solución institucional adecuada para conjurar un riesgo financiero grave y garantizar la sostenibilidad del sistema de higiene urbana en el Partido de General Pueyrredon”.