Investigan a un grupo de brokers por estafas y analizan su vinculación con Mar del Plata

La Justicia busca determinar si existieron estafas en el caso que involucraría también a balnearios, inmobiliarias y locales gastronómicos.

La investigación podría tener avances judiciales en los próximos días. Foto archivo 0223 Tribunales.

21 de Noviembre de 2025 17:13

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una investigación judicial que involucra a un grupo de brokers sacude la Costa Atlántica. Se trata de personas presuntamente vinculadas a Remax Bosques que en los últimos días tomó un giro inesperado y podría abrir una brecha aún más amplia en materia de criminalidad económica, no sólo en la zona norte del conurbano bonaerense sino también en distintos puntos de la Costa Atlántica, incluida Mar del Plata.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que la causa —que continuaría en una etapa preliminar y sin definiciones firmes— se habría iniciado a partir de un conflicto entre los aportantes originales del proyecto comercial asociado a Remax Bosques. Ese desacuerdo interno habría derivado en denuncias cruzadas por supuestas maniobras de defraudación y estafas dentro del propio núcleo fundador, lo que podría haber provocado una fractura entre sus miembros y el impulso de las primeras actuaciones penales.

Con el correr de los días, la presentación inicial se habría expandido y comenzaría a incorporar la eventual conexión de paradores, balnearios y emprendimientos gastronómicos vinculados al corredor turístico. En este marco, investigadores provinciales estarían analizando un entramado comercial más amplio del previsto, con ramificaciones que incluso podrían alcanzar a operadores de Mar del Plata. Entre los nombres que habrían surgido en esta línea aparece el de Martín Melia, cuya supuesta participación o conocimiento de las maniobras también estaría siendo materia de evaluación preliminar.

Según el escrito incorporado al expediente, los hechos denunciados podrían quedar encuadrados —si se comprobara su existencia— dentro de las figuras de defraudación y estafa contempladas por el Código Penal, que requieren la acreditación de engaños, abuso de confianza y un perjuicio económico verificable. La tarea de la fiscalía se centraría precisamente en establecer si las operaciones cuestionadas constituirían meros incumplimientos de índole civil o si podrían alcanzar umbrales típicos de responsabilidad penal.

La eventual ampliación hacia propietarios, representantes o socios de paradores y comercios gastronómicos complejizaría aún más el caso, ya que cualquier imputación futura dependería de que se pudiera demostrar participación activa, cooperación deliberada o, al menos, conocimiento previo de maniobras que serían consideradas perjudiciales para terceros.

Para profundizar el análisis financiero, la Ufid habría solicitado la intervención de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (Uide) de la Procuraduría bonaerense, que estaría revisando movimientos de fondos, contratos, sociedades y eventuales triangulaciones propias de estructuras económicas de mayor alcance.

En caso de que el organismo detectara patrones reiterados o inconsistencias que pudieran considerarse indicios de maniobras ilícitas, la causa podría derivar en nuevas líneas de trabajo, eventuales imputaciones o incluso discusiones sobre los mecanismos de control del mercado inmobiliario, especialmente en zonas de fuerte actividad turística.

Por ahora, el avance del expediente queda supeditado a la solidez de la prueba recolectada, al trabajo técnico de los peritos designados y a la respuesta que ofrezcan los señalados ante los oficios judiciales.