Piden juzgar a diez policías por “plantar” drogas en allanamientos, robar dinero, estupefacientes y pedir retornos por horas Cores
Entre ellos están Claudio Pontoriero y Leandro Piboleau, ex titulares de la Delegación de Drogas local. Los hechos imputados ocurrieron durante el año pasado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Fiscal General Adjunto Marcos Pagella le pidió este lunes a la Justicia de Garantías la elevación a juicio de una causa donde se acusa a diez policías, incluyendo dos que estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas local, de “plantar” drogas en allanamientos, robar dinero, estupefacientes y pedir retornos por horas Cores.
La solicitud del Ministerio Público Fiscal a la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos se da en cumplimiento de los tiempos procesales legales y detalla –a lo largo de 126 páginas- seis hechos en distintos momentos con variada responsabilidad de cada uno de los imputados. De todos, los ex titulares Claudio Pontoriero y Leandro Piboleau tienen las acusaciones más graves.
Al primero le imputan los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe, defraudación a la administración pública, exacciones ilegales y coacción, estos últimos en concurso ideal entre sí, y concurriendo materialmente con el primero; hurto agravado por la calidad de funcionario público y falsificación ideológica de instrumento público, en concurso real.
En el caso de Piboleau, al que imputaron en febrero de este año cuando estaba desempeñando funciones como titular de la misma repartición en Dolores, los delitos que se le atribuyen son asociación ilícita, en calidad de jefe, defraudación en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, hurto calificado por ser cometido por funcionario público y falsificación ideológica de documento público.
En la investigación del Ministerio Público Fiscal con una intensa actividad del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI) también se reunieron elementos para imputar a la comisario Paola Reynaldo, al oficial subayudante Leonardo Mariño, al sargento Joel Paglione, a la sargento Carla Navarro, al subcomisario Cristian Battistessa, la oficial subayudante Débora Durand, el sargento Lucas Barreiro y el sargento Jonathan Aguirre con distintos grados de participación en algunos de los seis hechos presentados.
Tal como adelantó en su momento, la investigación comenzó tras una denuncia anónima que llegó al área Asuntos Internos que denunció la apropiación indebida de las horas Cores por parte de la superioridad y a maniobras destinadas -a partir de un mecanismo preestablecido- a la sustracción de dinero en efectivo en los allanamientos que se llevaban a cabo en la repartición.
El primer detenido fue Pontoriero, a mediados de julio del año pasado y mientras cumplía funciones como titular de la Delegación local Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. En la misma denuncia se indicó que en un allanamiento durante un operativo denominado "Plaza Blanca" que hizo en inmediaciones de Plaza Rocha y en un departamento ubicado en San Luis al 2300 en el que agentes de esa repartición habrían sustraído una suma cercana a los 300 mil pesos.
En cuanto a la asignación de horas Cores y el cobro de "retornos", la denuncia anónima indicó que fue una constante desde la asunción de Pontoriero y que se sostenía con amenazas de traslados o sanciones a quienes se negaban. "Las horas no se hacían y se facturaban igual por lo que los efectivos se llevaban el dinero de las realizadas y entregaban el porcentaje restante al superior", explicaron fuentes oficiales.
Más para investigar
Siete meses después de los allanamientos que terminaron con esa detención, la continuidad de la investigación generó un nuevo cimbronazo en la fuerza y en la repartición. El jefe anterior de la dependencia y otros cuatro efectivos fueron acusados de los mismos delitos y de “plantar” estupefacientes en algunos allanamientos.
Para los investigadores está acreditada la existencia de un sistema de recaudación forzosa provenientes de horas Cores en perjuicio del personal que prestaba servicio en las distintas Unidades Investigativas del área Operaciones de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas bajo amenaza de retirar la concesión de tales beneficios, de traslados a otras dependencias o el inicio de sumarios administrativos.
Según la teoría del caso, al menos entre enero y junio de 2024 un grupo de personas en forma organizada y previa distribución de roles –aprovechando su condición de funcionarios públicos- montaron un aceitado mecanismo para la comisión de delitos con la finalidad de obtener un indebido provecho económico: se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo y otros bienes –incluyendo estupefacientes que posteriormente “plantaban” en otros allanamientos para garantizar que hubiera resultados positivos.
Ese accionar, que tenía como objetivo incriminar a los investigados a fin de asegurar un resultado positivo junto a la inserción de manifestaciones falsas en declaraciones testimoniales y actas de procedimiento, pudo acreditarse en dos hechos concretos, pero sería una práctica habitual.
Uno de los hechos ocurrió el 28 de abril del año pasado cuando allanaron una vivienda en López de Gomara al 6600 y requisaron un Renault Kangoo: allí se apoderaron de 350 mil pesos e introdujeron estupefacientes para incriminar al investigado. El otro, como se contó oportunamente, sucedió el 6 de junio de ese año tras un allanamiento en un departamento de calle San Luis al 2300 donde robaron cerca de 300 mil pesos.
Leé también
Temas
Lo más
leído