El Obispado de Mar del Plata y la Provincia firmaron un convenio para promover la inclusión de internos del penal de Batán

El obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando, firmó un convenio con Juan Martín Mena, Ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, en el que se dio respaldo a todas las actividades, cursos y talleres que lleva adelante el Centro Pastoral Universitario (CPU) en la Unidad XV de Batán del Servicio Penitenciario provincial.

El convenio firmado establece un marco de mutua colaboración en el que, a través del Servicio Penitenciario Bonaerrense, se buscará garantizar el espacio físico necesario, tanto actual como el que en el futuro pueda ser necesario para el desarrollo de actividades que beneficien y acompañen las trayectorias educativas de las y los privados de su libertad.

El CPU de Batán recibe semanalmente en sus diferentes talleres y cursos entre 200 y 300 internos provenientes de distintos pabellones. La Comunidad Pastoral Universitaria cuenta, asimismo, con el apoyo del Obispado de Mar del Plata.

Dicho espacio es un centro educativo alternativo dentro del régimen cerrado de la Unidad Penal 15 de Batán, autogestionado por la Pastoral Carcelaria de esa diócesis, avalado y reconocido por la Capellanía General del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Vale recordar, que el CPU de Mar del Plata funciona desde 2013 en un espacio especialmente creado para el estudio, reflexión y debate dentro del ámbito universitario.

El grupo se constituyó a través de una asamblea de internos que se rigen por estatutos, cuentan con un consejo directivo, y funcionan en el Sector Penal de la Unidad Penitenciaria 15 de Batán.

Según se detalló en el documento oficial publicado este viernes en el Boletín Oficial, cuya firma fue en mayo, el Ministerio se compromete a brindar asistencia técnica, logística y recursos humanos para el desarrollo de programas vinculados a la prevención de violencias, el trabajo comunitario y la reinserción social. Por su parte, el Obispado pondrá a disposición sus espacios e infraestructura para actividades sociales y educativas, y acompañará especialmente a personas privadas de libertad o en contextos críticos.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por acuerdo entre las partes. Desde el Ministerio destacaron el rol de las instituciones religiosas en el entramado social, especialmente en sectores postergados. En tanto, desde la diócesis marplatense valoraron la oportunidad de fortalecer la presencia pastoral con herramientas del Estado, sin perder su impronta comunitaria.