Una sentencia judicial por un caso de mala praxis obliga al municipio de Chascomús a pagar millones de pesos

Por el deceso de una mujer de 41 años sucedido hace una década en el hospital municipal San Vicente de Paul, la justicia fijó un resarcimiento que deberá afrontar el actual gobierno.

El hospital municipal San Vicente de Paul de Chascomús, donde tuvo lugar el caso de mala praxis.

14 de Julio de 2025 17:26

Por Redacción 0223

PARA 0223

Malas noticias financieras para el gobierno de Javier Gastón en Chascomús a partir de la indemnización fijada por la Cámara de Apelación de Mar del Plata por un caso de mala praxis sucedido hace 10 años en el hospital municipal San Vicente de Paul. Como consecuencia de una deficiente atención médica, se deberá pagarle más de 60 millones de pesos a familiares de una vecina de la ciudad que falleció en el nosocomio.

Pese a que el hecho ocurrió durante una administración anterior, la última de gestión radical, el pago recaerá sobre la actual gestión municipal.

La resolución judicial fue notificada el pasado viernes 11 de julio y, de acuerdo a sus fundamentos, el informe pericial permitió constatar serias irregularidades en la atención brindada a la paciente de 41 años, destacándose la historia clínica incompleta y una decisión médica considerada prematura al derivarla a su domicilio.

Vista aérea del hospital San Vicente de Paul de Chascomús, luego de ser ampliado y modernizado.

La justicia evaluó que esta atención “no fue acorde a la situación que rodeaba el caso” y consideró que la deficiente intervención médica tuvo un carácter determinante en el trágico desenlace. Por esta razón, los jueces resolvieron condenar al médico interviniente, a la municipalidad de Chascomús y a la compañía Federación Patronal Seguros S.A.

Como resultado, se fijó un resarcimiento económico superior a los 60 millones de pesos en concepto de “valor vida”, que deberá ser afrontado por el gobierno municipal actual, una década después de los hechos ocurridos.

Desde el gobierno de Gastón destacaron la gravedad que representa este tipo de condenas que, originadas en gestiones anteriores, deben ser solventadas con recursos públicos actuales, afectando directamente el patrimonio municipal y a los servicios para la comunidad.