Mar del Plata y el Cartel de Medellín: la historia detrás de la Operación Langostino Blanco

En julio de 1987, un cargamento de 50 kilogramos de cocaína salió de Mar del Plata con un camuflaje tan simple como ingenioso: latas de anchoas congeladas. Era la primera vez. El operativo, organizado desde las sombras del Cartel de Medellín, funcionó a la perfección y la droga llegó a Estados Unidos sin contratiempos.

A principios de 1988, la apuesta subió a 200 kilogramos y, de nuevo, el envío desembarcó sin problemas en Filadelfia. Pero el 7 de septiembre de ese mismo año, el destino de la tercera entrega, ya de 1.117 kilogramos, sería diferente. La maniobra quedó al descubierto y parte del cargamento fue incautado en Argentina, en lo que se conoció como Operación Langostino Blanco.

Mientras la sociedad argentina vivía sus propias conmociones, el femicidio de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón y la trágica muerte de Alberto Olmedo, una ruta silenciosa se abría entre Pablo Escobar, Argentina y el resto del mundo. En el cierre de la década de los 80, la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, empezó a seguir una pista imprecisa en nuestro país y, sobre todo, en Mar del Plata.

El rastro los condujo a un nombre peculiar: el frigorífico Estrella de Mar, una empresa pesquera marplatense. El nombre del dueño de la empresa era conocido para los argentinos por ser amigo de Perón, el empresario local Jorge Antonio. La DEA descubrió que la empresa estaba vinculada a Gates Farahun, un magnate del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) investigado por lavado de dinero y tráfico de armas. La empresa Estrella de Mar, uno de los pocos clientes que tenía ese banco, y su propietario Jorge Antonio, recién regresado de España, comenzaron a ser investigados porque podían funcionar como la pantalla perfecta para el camuflaje del cargamento ilícito.

Operación Langostino: el desmantelamiento de la banda

La logística era intrincada. Casi 600 kilogramos de cocaína de máxima pureza salieron de Medellín, Colombia, y viajaron a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Desde allí, en avioneta, la mercancía pasó por la localidad tucumana de Orcomoye para reabastecerse de combustible y aterrizar en una pista clandestina en Santiago del Estero. Una estancia tranquila, administrada por un empresario con domicilio en Mar del Plata, que funcionaba como un eslabón fundamental de la cadena. Desde ese punto, el cargamento sería llevado por tierra al puerto de Mar del Plata para ser camuflado. La ruta no terminaba allí: el cargamento sería enviado a un depósito en Avellaneda y, finalmente, saldría por el puerto de Buenos Aires con destino a Estados Unidos.

El hombre de Escobar en Argentina era John Arroyave Arias, un colombiano encargado de monitorear y gestionar la ruta de la droga. Bajo sus directivas operaba Jorge Alonso, el líder argentino de la banda. El objetivo era claro: establecer una salida segura al océano en un país que, por su falta de antecedentes como productor de droga, no levantaría sospechas.

La Operación Langostino culminó el 12 de julio de 1988 con una serie de allanamientos simultáneos en Avellaneda, Buenos Aires y Mar del Plata. En un galpón de Avellaneda, la Policía Federal encontró 586 kilogramos de cocaína de máxima pureza, cuidadosamente ocultos en cajas de langostinos y mariscos congelados. Este fue, hasta ese momento, el mayor decomiso de cocaína en el país y el inicio de la guerra contra el narcotráfico en Argentina.

El informante clave y un laberinto judicial

En los operativos simultáneos fueron detenidos más de una docena de sospechosos. También se allanaron vehículos y locales de los presuntos implicados donde se encontraron armas de guerra, municiones, equipos de radio y documentos.

Pero la pieza clave para desbaratar esta red fue un hombre enigmático: Carlos Savignon Belgrano. Al principio, parecía ser parte de la organización, pero su verdadera identidad era la de un informante confiable de la DEA. Savignon Belgrano, un fotógrafo con una vida social activa, contactó a la agencia antidrogas y entregó la información necesaria para que se ejecutaran los allanamientos y se decomisara la droga.

A pesar de las pruebas, el caso judicial se convirtió en un embrollo burocrático y mediático. A lo largo de los años, siete jueces y varios fiscales intervinieron sin que se dictara sentencia. La banda de narcos pasó seis años en prisión preventiva hasta que, en 1993, el juez Bernardo Vidal Durán aplicó el Pacto de San José de Costa Rica y la ley del 2x1, lo que permitió la excarcelación de todos. Sin embargo, la medida fue revocada. Finalmente, en 1996, ocho años después, se dictó sentencia. Jorge Alonso, como líder de la banda, fue condenado a 20 años de prisión y el resto de los miembros recibieron penas de entre 7 y 18 años.

El enviado de Pablo Escobar

Otro de los condenados fue el colombiano John Alberto Arroyave Arias, a quien la DEA identificó como el emisario de Pablo Escobar para supervisar el cargamento. La investigación judicial ratificó su implicación y la justicia le impuso una pena de 13 años de prisión.

Arroyave Arias, en el breve período de libertad que tuvo en 1993, aprovechó para ayudar a un viejo conocido: Pablo Escobar Gaviria, líder del Cartel de Medellín. Fue así que, entonces, recibió en Buenos Aires a los miembros de la familia de Escobar, recién llegados y sin referencias de cómo moverse en la ciudad. El núcleo familiar estaba compuesto por cuatro personas: la viuda, sus dos hijos y la novia del mayor. Todos viajaron con identidades falsas suministradas por el gobierno colombiano para ocultar su parentesco con el famoso narcotraficante.

La Operación Langostino Blanco fue solo la punta del iceberg del comienzo de una larga relación entre el narcotráfico y los puertos argentinos. Hoy, vista en retrospectiva, la operación no fue un hecho aislado; fue la confirmación de que Argentina, y Mar del Plata con su pujante industria pesquera, podían ser eslabones clave en el mapa del narcotráfico internacional. Si bien la operación demostró la eficacia de la cooperación entre agencias como la DEA y la Policía Federal, también evidenció las falencias de un sistema judicial que ya se dejaba bastardear por lo mediático y los intereses políticos.