Sigue la sangría en fábricas marplatenses de pescado por la apertura importadora: "Estamos desamparados"

A los casos de Marechiare y Apolo Fish, entre otros, esta semana se sumó Ostramar como fiel reflejo de la crisis que atraviesan las empresas la industria del pescado en Mar del Plata. Cincuenta empleados no cobran sus salarios hace tres meses y se dan por despedidos, mientras la firma les elevó un ofrecimiento precarizador: abonar la mitad de las indemnizaciones y trabajar en negro.

Marcela Ibarrola, secretaria gremial del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (Soip), explicó en declaraciones a Extra, la radio y canal de streaming de 0223, que la problemática en Ostramar "viene hace un tiempo", con demoras en los pagos. Actualmente, la empresa adeuda a sus empleados los salarios de junio, julio, lo que va de agosto y el aguinaldo, habiendo abonado el último sueldo correspondiente a mayo con un mes de retraso.

Según confió, Marcela Caputo, dueña de la pesquera ubicada en Guanahani y Beltrami, manifestó estar "inhibida" y sin recursos para hacer frente a las deudas. "Ella decía que no quería cerrar la empresa, que quería seguir adelante y que estaba buscando la forma. La gente la bancó y hace diez días nos llamaron para contarnos que la única posibilidad que ellos encontraban era alquilar el frigorífico a un tercero, con ese alquiler pagar en cuotas el 50% de la liquidación de los trabajadores y que no querían gente en blanco", afirmó.

De acuerdo a lo que describió la representante del Soip, la pesquera se encuentra concursada y enfrenta un pedido de quiebra por parte de tres acreedores. No obstante, el juzgado indicó que la dueña tiene la capacidad de vender activos si así lo requiere. Además de Ostramar, siguiendo el relato de la dirigente gremial, Caputo tiene dos plantas adicionales y barcos, aunque afirma tener dificultades para operarlos por falta de capital. "Ella tiene solvencia. No entendemos cómo llegamos a esta situación", expresó.

Crisis en la industria del pescado

La situación de Ostramar no es un caso aislado, sino que forma parte de una sangría generalizada en la industria pesquera de Mar del Plata. Un ejemplo emblemático es Marechiare, una empresa histórica que a mediados de abril cerró su planta para dedicarse a la importación, dejando a trabajadores con décadas de antigüedad sin empleo y con liquidaciones incompletas. Otro caso similar fue el de Apolo Fish, que a mediados de junio cesanteó a 42 trabajadores a los que también les ofreció un 50% de las indemnizaciones y seguir trabajando en negro.

La dirigente gremial atribuye parte de esta crisis a los altos costos de producción en Argentina y la "libre importación" que promulga el Gobierno nacional. Para el caso de las conserveras, las empresas locales luchan por competir con productos importados a precios significativamente más bajos, lo que hace "imposible" sostener las operaciones y vender sus productos en góndola. "Traer un producto te sale $200 y procesarlo tiene un costo de $2.000. Es algo completamente desproporcionado", graficó.

"Hoy estamos en el aire. La gente quiere mantener sus fuentes de trabajo, continuar bajo relación de dependencia y no tener que salir a buscar laburo después de 20 o 30 años. Son trabajadores que se querían jubilar en estas empresas y hoy tienen que salir con 55 años a patear la calle para buscar un lugar donde los tomen y tener que trabajar en condiciones que no son las mismas", lamentó.

Si bien la precariedad laboral no es nuevo en el Puerto, Ibarrola remarcó que la situación se profundizó en los últimos meses. "Por parte del Estado no tenemos ninguna solución. Trabajar en negro parece que es fomentado por el Gobierno nacional. Sinceramente, estamos solos en esta lucha. Desde el gremio acompañamos porque mucho más no podemos hacer", dijo con tono de resignación.

Temor a la represión

Ante este escenario, la capacidad de los trabajadores para manifestarse pacíficamente también se ve restringida. En casos como el de Apolo Fish, a pesar de no cortar calles ni encender gomas, hubo denuncias penales y una restricción de acercamiento a los domicilios, lo que implica un "costo" y un "antecedente para futuros trabajos".

"Ni siquiera podés manifestarte pacíficamente. Es el mundo del revés. Hoy nos paramos en una esquina y tenemos a la Prefectura esperándonos para buscar a los trabajadores. Hoy estamos desamparados, expuestos a golpes y denuncias. No queremos llegar a ese punto, pero no podemos dejar las cosas así", concluyó.