Transportistas de personas con discapacidad alertan por una crisis sin precedentes y temen por el inicio de 2026

El 2025 cierra con un escenario crítico para el sector del transporte de personas con discapacidad, con una fuerte caída en la cantidad de prestadores y la preocupación creciente de familias que podrían quedarse sin traslados para terapias e instituciones en el inicio de 2026.

Así lo advirtió Juan Goldar, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, en diálogo con Extra (102.1), donde trazó un panorama alarmante sobre la situación económica que atraviesa el sector.

Menos transportistas y servicios que dejan de funcionar

Según explicó Goldar, durante este año se produjo una baja de entre 16 y 18 titulares dentro de la asociación, una situación que responde exclusivamente a la imposibilidad económica de sostener la actividad.

“Terminamos el año con los mismos valores con los que arrancamos 2025. Los aranceles no se actualizaron y eso hizo que muchos compañeros no puedan seguir trabajando”, señaló.

Si bien hubo un anuncio de aumento cercano al 35%, aclaró que se trata de una actualización escalonada, cuyo impacto real recién podría sentirse a partir de los primeros meses de 2026, y con demoras en el cobro que pueden extenderse entre 60 y 90 días.

Niños y familias, los más afectados

Más allá del impacto en los trabajadores, Goldar remarcó que la situación más grave es la que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias, que en muchos casos no tienen otra alternativa de traslado.

“Estamos hablando de muchos chicos que van a quedar sin terapias o sin poder asistir a instituciones. No hay posibilidad de reemplazar estos servicios, y las familias no cuentan con herramientas para resolverlo por su cuenta”, advirtió.

Aranceles desfasados y pagos demorados

El referente explicó que los valores actuales no cubren los costos básicos del servicio, como combustible, mantenimiento y amortización de los vehículos, en un contexto donde además se exige una prestación de calidad acorde a las necesidades de los usuarios.

“No cierran los números en ninguna de las variantes del servicio. Se empieza a atar todo con alambre y eso no debería pasar en un trabajo tan sensible”, sostuvo.

A esto se suma la demora en los pagos y autorizaciones, con casos de transportistas que trabajaron durante todo el año sin cobrar, a la espera de autorizaciones correspondientes a períodos anteriores.

Expectativa por la emergencia en discapacidad

Goldar también se refirió a la ley de emergencia en discapacidad, recientemente promulgada, aunque advirtió que aún no se puso en marcha y que el sector necesita una aplicación urgente para evitar un colapso mayor.

“Venimos con un desfasaje de muchos años. Esta actualización no alcanza si no se recupera lo que se perdió. Sin una política concreta, el 2026 va a ser muy difícil”, alertó.

Un cierre de año con incertidumbre

Con menos prestadores, costos en alza y demoras administrativas, el transporte de personas con discapacidad atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, con un impacto directo en la vida cotidiana de cientos de familias.

“Esperamos terminar el año lo mejor posible y que el 2026 arranque con respuestas concretas”, concluyó Goldar.