El Gobierno extiende la emergencia energética hasta 2027 para asegurar el abastecimiento de gas
Mediante el Decreto 49/2026, se prorroga la emergencia en transporte y distribución de gas natural, priorizando la importación privada de GNL y estableciendo un precio máximo para evitar abusos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Gobierno oficializó la extensión de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con foco en los segmentos de transporte y distribución de gas natural. La medida quedó establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 49/2026, y tiene como objetivo garantizar el suministro durante los próximos inviernos, ante la insuficiente infraestructura para transportar el gas de Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo.
Desde la administración nacional reconocieron que las ampliaciones de gasoductos necesarias para mejorar el transporte de gas recién entrarían en operación en el período invernal de 2027. Por ese motivo, el país continuará dependiendo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para afrontar los picos de demanda residencial y de generación eléctrica.
Una de las novedades más relevantes del DNU es la redefinición del rol del Estado en la importación de gas. El Ejecutivo resolvió que ENARSA deje de ser el importador directo de GNL, y que esa función sea trasladada al sector privado mediante un concurso competitivo administrado por la Secretaría de Energía. El operador seleccionado se encargará de importar el GNL y regasificarlo a través de la terminal de Escobar, actualmente la única en funcionamiento.
El Gobierno justificó la decisión al sostener que la intervención estatal “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura”. Además, para evitar posibles abusos derivados del monopolio natural que supone la existencia de una sola terminal de ingreso, el decreto fija un “precio máximo” para la venta del gas en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027.
Ese precio tope será calculado en base a un marcador internacional más los costos logísticos, con el objetivo de prevenir prácticas monopólicas o aumentos injustificados por parte del futuro operador privado.
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