Le dejaron una gasa en el abdomen después de una cesárea y ahora cobrará una indemnización millonaria

Una mujer de 36 años demandó al médico que la atendió en una cesárea después de sufrir complicaciones de salud porque olvidaron una gasa quirúrgica dentro de su ambdomen. La justicia falló a favor de ella y ahora el municipio, el profesional interviniente y la aseguradora deberán indemnizarla con una multa millonaria.

El caso de mala praxis se registró en un hospital municipal de Morón el pasado 6 de julio del 2018. La mujer ingresó al hospital con un embarazo de 36 semanas y fue sometida a una cesárea y, más tarde, a una cirugía de ligadura de trompas.

El caso es que después del alta, la mujer comenzó a sufrir dolores abdominales severos, que se intensificaban con el correr de los días. Tanto es así, que debió regresar al hospital varias veces en busca de soluciones.

Según el fallo de la Justicia, esas visitas médicas se limitaron a la prescripción de antiinflamatorios y nunca existió la indicación de estudios complementarios que permitieran identificar el origen de los síntomas.

Dos meses después, un análisis de sangre confirmaría un severo cuadro infeccioso. A través de una tomografía detectaron la gasa en el abdomen y la derivaron a un hospital público de la Nación para una laparotomía exploratoria.

La demanda por mala praxis 

En septiembre del 2018 la paciente inició una demanda contra el municipio, el médico y la aseguradora reclamando una reparación económica por los daños físicos, psicológicos y estéticos que sufrió. 

La defensa municipal negó su responsabilidad directa y apuntó a la historia clínica de la mujer, mientras que el médico aseguró que "el olvido de material quirúrgico es un riesgo inherente a toda práctica médica".

8 años después, la Justicia de Morón desestimó los argumentos de la defensa y estableció que el Estado, como prestador de salud, tiene una obligación de seguridad hacia los pacientes. El documento concluye en que las exigencias mínimas no se cumplieron en este caso.

La sentencia ordenó el pago de una indemnización, que incluye $3.000.000 por incapacidad física, $2.500.000 por daño moral y más de $4.400.000 por daño psicológico y tratamiento: los montos deberán actualizarse por inflación e incluir intereses.