Escándalo en La Costa: duras críticas al intendente por licitaciones “viciadas”

La controversia en torno a las licitaciones de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en el partido de La Costa sumó un condimento explosivo. Luego de las presentaciones judiciales cruzadas y el pronunciamiento del juez en lo contencioso administrativo, Agustín López Coppola, la oposición salió a cuestionar con dureza al Ejecutivo municipal a cargo de Juan de Jesús, calificando de “vergonzoso” que la Justicia deba intervenir para forzar al Municipio a cumplir con el derecho de acceso a la información pública.

“Vergüenza institucional”: el revés por el acceso a los expedientes

Lejos de bajar la tensión política tras conocerse el alcance del fallo judicial, los cuestionamientos hacia la administración del intendente Juan de Jesús se recrudecieron. Desde el espacio opositor aclararon que, contrariamente a lo que se intentó instalar sobre el rechazo total de la medida, el magistrado dictó una resolución que expone las maniobras restrictivas del oficialismo.

“Te tiene que caer la cara de vergüenza para que un juez te diga que la información tiene que ser pública”, dispararon con dureza, señalando que resulta insólito e inadmisible que las autoridades municipales hayan obligado a recurrir a los tribunales simplemente para garantizar que vecinos, oferentes y concejales puedan presenciar los actos públicos y fiscalizar la documentación. En esa línea, confirmaron que ya se encuentran trabajando en la apelación de los puntos adversos del fallo.

“Hicieron trampa”: las graves denuncias sobre los pliegos

El núcleo de la denuncia opositora no se limita al hermetismo administrativo, sino que apunta directamente a la legalidad de los concursos para la explotación de los balnearios. Desde la oposición sostuvieron que los procedimientos se encuentran “viciados” y que “hicieron trampa” de manera sistemática.

Entre los principales cuestionamientos técnicos y legales enumerados figuran:

1. Cierre de puertas y falta de transparencia: Denunciaron que se obstaculizó el ingreso a las aperturas de sobres bajo el argumento de la presencia de un único oferente.

2. Violación de la Ley Orgánica de las Municipalidades: Advirtieron que, de acuerdo con la normativa vigente, toda oferta única derivada de estos procesos debe ser tratada y analizada previamente por el Concejo Deliberante, un paso institucional que —según afirman— fue soslayado.

3. Omisión de requisitos clave: Cuestionaron que los expedientes carecen de elementos obligatorios como los estudios de impacto ambiental y los planos altimétricos correspondientes.

4. Modificación arbitraria de condiciones: Acusaron al Ejecutivo de alterar los pliegos licitatorios de forma unilateral, sin contar con la mayoría ni la aprobación previa del cuerpo deliberativo.

Mientras el proceso administrativo continúa bajo la lupa y la pulseada judicial promete nuevos capítulos, el conflicto desnuda una profunda crisis de confianza institucional en el partido de La Costa, donde la transparencia de los recursos costeros se convirtió en el principal campo de batalla político.