Hicieron una rifa para pagar los tratamientos de su hijo en Mar del Plata y recibirán una indemnización millonaria
La familia reclamó que la obra social financiara un acompañamiento terapéutico para el nene.
Por Redacción 0223
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Una familia de Mar del Plata que organizó rifas para afrontar los gastos de los tratamientos de su hijo consiguió un fallo judicial que condenó a una obra social a pagarle más de $86 millones, más intereses, en concepto de indemnización. El niño tiene 8 años y cuenta con un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA). La Justicia consideró que la entidad rechazó reiteradamente prestaciones indicadas por sus médicos y obligó a sus padres a iniciar tres acciones de amparo para conseguir la cobertura.
Cuál fue la indemnización que estableció la Justicia de Mar del Plata
El conflicto comenzó en 2022, cuando la familia reclamó que la obra social financiara un acompañante terapéutico para el nene en el jardín de infantes. La entidad se negó con el argumento de que esa prestación no estaba incluida expresamente en el Programa Médico Obligatorio y ofreció como alternativa un maestro de apoyo o un docente integrador. Los profesionales que atendían al chico consideraron que esas opciones no respondían a sus necesidades, por lo que sus padres recurrieron a la Justicia federal y consiguieron una orden de cobertura integral.
El problema se repitió en los años siguientes. En 2024, los padres debieron reclamar nuevamente por el acompañamiento terapéutico durante una colonia de vacaciones y en el domicilio. En ese contexto, mientras esperaban una respuesta judicial, organizaron una rifa con ayuda de familiares, compañeros de trabajo y conocidos para afrontar parte de los gastos. En 2025 presentaron un tercer amparo, esta vez por la falta de cobertura de natación y actividad física adaptada. También obtuvieron una resolución favorable.
A partir de esos antecedentes, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 15 de Mar del Plata, a cargo del juez Héctor Casas, castigó a la entidad por incumplir sus obligaciones y vulnerar los derechos de información y trato digno de la familia. La sentencia estableció $18.791.115 por daño moral y una multa civil equivalente a 40 canastas básicas totales para un hogar de tres integrantes, que al momento del fallo representaban $67.545.196. Así, la condena suma $86.336.311, antes de los intereses.
Para determinar el daño moral, el magistrado tuvo en cuenta testimonios sobre el desgaste que atravesaron los padres y una pericia psicológica que describió consecuencias emocionales y físicas en ambos progenitores. También consideró los padecimientos del niño y el impacto de las demoras en el acceso a las prestaciones. La multa adicional respondió a la reiteración de los incumplimientos y a que la familia debió acudir tres veces a los tribunales para conseguir tratamientos indicados por sus profesionales. La resolución es de primera instancia y puede ser apelada por la obra social.
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