Última palabra: la Suprema Corte resolverá la validez del aumento de Osse de 2024
La Cámara de Apelaciones concedió los recursos extraordinarios presentados por el Municipio y la empresa. El fallo de alzada había confirmado la ilegitimidad del aumento del 142,7% por no haber sido precedido por una instancia de participación ciudadana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires revisará el fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata que confirmó la ilegitimidad del aumento implementado por Obras Sanitarias (Osse) a comienzos de 2024, por no haber sido precedido por una instancia previa y efectiva de participación de los usuarios. La resolución del máximo tribunal bonaerense será determinante para definir las consecuencias de una controversia judicial que pone en tensión la situación financiera de la empresa estatal.
En un contundente fallo, los camaristas Diego Ucín y Roberto Mora habían confirmado el 13 de agosto la sentencia de primera instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, en el marco de una causa impulsada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), representada por el abogado Gabriel Martínez Medrano.
En los plazos procesales correspondientes, tanto la Municipalidad de General Pueyrredon como Osse interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, mediante los cuales cuestionaron el criterio de la Cámara respecto de la obligación de realizar una instancia previa de participación ciudadana, la extensión de la condena a la totalidad de los usuarios y la inclusión de comercios e industrias dentro del colectivo beneficiado por la sentencia.
Finalmente, esta semana la Cámara de Apelaciones concedió los recursos presentados por las demandadas, al entender que cumplen con los requisitos formales establecidos por la legislación procesal. Entre ellos, que se dirigen contra una sentencia definitiva de segunda instancia, que cuentan con la debida fundamentación y que fueron interpuestos dentro de los plazos legales.
De esta manera, el máximo tribunal de justicia bonaerense tendrá la última palabra sobre la validez del incremento tarifario y deberá determinar si confirma el criterio sostenido por la Justicia marplatense o, por el contrario, revoca la sentencia que cuestionó el mecanismo mediante el cual Osse implementó un aumento del 142,7% a comienzos de 2024.
El origen del conflicto
La controversia judicial se inició a partir de una presentación de Adduc en 2024, que cuestionó el incremento tarifario por considerar que había sido aplicado sin garantizar previamente el derecho de los usuarios a participar en el proceso de decisión. La entidad promovió una acción colectiva que tuvo como resultado una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 en 2025, que declaró ilegítimo el aumento y ordenó retrotraer el cuadro tarifario y devolver las diferencias cobradas.
Tanto el Municipio como Osse apelaron esa decisión. Uno de sus principales argumentos fue que el régimen regulatorio al que había adherido General Pueyrredon en 2008 no contemplaba expresamente la obligatoriedad de realizar audiencias públicas ante modificaciones tarifarias. La discusión se centró, en particular, en los alcances de la Ley provincial 14.745, sancionada en 2015, que incorporó esa exigencia al marco regulatorio de los servicios de agua potable y desagües cloacales.
Sin embargo, la Cámara rechazó esa interpretación y sostuvo que la adhesión municipal al marco regulatorio provincial había sido dispuesta en todos sus términos. Además, consideró que, aun cuando se discutiera la aplicación directa de la obligación de convocar a una audiencia pública, Osse debía garantizar de todos modos una instancia previa y efectiva de participación ciudadana, en función de los derechos reconocidos por las constituciones nacional y provincial y la jurisprudencia vigente.
Los camaristas también descartaron que la publicidad de los actos de gobierno, la denominada Banca 25 del Concejo Deliberante o la posterior convalidación del aumento por parte del cuerpo legislativo pudieran suplir esa instancia. Para la Cámara, tampoco resultaba determinante que Osse presentara el incremento como una actualización de tarifas por inflación y aumento de costos, ya que, por sus efectos concretos sobre el monto que debían pagar los usuarios, constituía una modificación tarifaria que debía respetar las garantías de participación.
La sentencia de agosto confirmó, además, la obligación de devolver las sumas cobradas de más, aunque dejó para la etapa de ejecución la determinación del mecanismo y los montos de las compensaciones. También ordenó que el juzgado de primera instancia analizara un reclamo adicional de Adduc: una indemnización equivalente al 25% de las sumas abonadas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor.
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