Provincia endurece los controles sobre obras hidráulicas clandestinas y pone el foco en barrios cerrados

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof aprobó un nuevo procedimiento para detectar y sancionar obras hidráulicas no autorizadas, una medida que en la práctica refuerza el control sobre canalizaciones, terraplenes y modificaciones del escurrimiento del agua realizadas sin permiso, con especial impacto en barrios cerrados y desarrollos inmobiliarios privados.

La medida quedó plasmada en la Resolución 46/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que derogó normas vigentes desde principios de los años 2000 y unificó en un solo esquema el tratamiento de denuncias por canalizaciones, terraplenes u otras intervenciones sobre cursos de agua realizadas sin permiso.

Uno de los ejes centrales de la resolución es la ampliación de las vías de control. A partir del nuevo procedimiento, las denuncias podrán ser iniciadas no solo por la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica, sino también por los municipios y por cualquier ciudadano que detecte una obra presuntamente irregular.

En ese marco, la norma formaliza el rol municipal como autoridad de comprobación concurrente, habilitándolos a recibir denuncias, realizar relevamientos en territorio y elevar las actuaciones a la Provincia en plazos breves. Ese esquema ya estaba previsto en el Código de Aguas, pero ahora queda integrado en un procedimiento operativo único.

Más control y menos margen para obras irregulares

Uno de los cambios centrales es que el nuevo esquema amplía y ordena las facultades de control de la Autoridad del Agua, la Dirección Provincial de Hidráulica y los municipios, que ahora pueden actuar de manera concurrente ante la detección de obras hidráulicas presuntamente clandestinas.

En la práctica, esto apunta a situaciones frecuentes en urbanizaciones cerradas: movimientos de suelo, canalizaciones internas, terraplenes o desvíos de escurrimientos pluviales realizados para proteger lotes o mejorar drenajes, pero sin autorización provincial. Según el Código de Aguas, este tipo de intervenciones requiere aprobación previa, aun cuando se ejecuten dentro de un predio privado.

Otro punto relevante es la incorporación expresa de herramientas tecnológicas para la constatación de las obras. Cuando no sea posible el acceso a los predios, la verificación podrá realizarse mediante imágenes satelitales de alta resolución, que deberán ser certificadas por funcionarios competentes. La Provincia argumenta que este recurso permite ampliar la cobertura del control y acelerar las intervenciones, incluso en zonas de difícil acceso.

El procedimiento establece plazos acotados para los responsables de las obras. Una vez constatada la irregularidad, se abre una instancia de descargo y, de no acreditarse autorización, la obra puede ser declarada clandestina. En los casos en que afecte el sistema hidráulico provincial, además de la multa, se prevé la intimación a desactivar la intervención y restituir el terreno a su estado anterior.

Si esa desactivación no se cumple en tiempo y forma, la Provincia queda habilitada a ejecutar los trabajos de manera directa, con costos a cargo del propietario, en articulación con los municipios.

Con la nueva resolución, el Ministerio de Infraestructura dejó sin efecto las disposiciones que regían desde 2002 y 2003, al considerar que habían quedado desactualizadas frente a los cambios normativos y tecnológicos de los últimos años.