Trabajadores del Inareps denuncian despidos y represalias tras exponer irregularidades: "Nos quedamos sin nada"

Los trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) se encuentran en estado de alerta tras una serie de amenazas y despidos que, según denuncian, comenzaron luego de exponer diversas irregularidades dentro de la institución.

El conflicto se remonta a 2017, cuando se señaló a un enfermero por maltratar a pacientes. “Los golpeaba y los bañaba con agua fría por orden de una jefa. Ante esto, me dirigí a la oficina de personal del instituto junto con el delegado y la representante del área, donde realicé el reclamo de forma verbal”, relató una trabajadora.

“También informé que había otros problemas en la guardia, como abandono de pacientes y consumo de sustancias. Sin embargo, lo más grave era la conducta de este enfermero, quien además fue designado supervisor por ser hermano de la jefa”, agregó en diálogo con 0223.

Desde ese momento, comenzaron las represalias. “Empezaron con cambios de turno, persecución laboral e intentos de despido. El sindicato ATE intervino y, en un primer momento, avaló el despido. Sin embargo, gracias a la intervención de un dirigente, obtuve una prórroga y pude reincorporarme”, explicó.

Debido a la gravedad de los hechos denunciados ante las autoridades, la trabajadora realizó una presentación penal que avanzó en el Tribunal Federal N° 2. El enfermero, Rubén Omar Rivas, fue acusado de abusar sexualmente de una paciente internada tras un accidente cerebrovascular y posteriormente condenado a once años de prisión, además de recibir una inhabilitación especial perpetua para ejercer.

A pesar de la resolución judicial, la situación no mejoró. “Seguí sufriendo hostigamiento y maltrato por parte de la jefa de enfermería, hermana del condenado. Año tras año se repitieron situaciones de persecución, contratos precarios y amenazas sobre mi puesto laboral”, remarcó.

Inareps en crisis: falta de recursos para trabajar

Otra de las situaciones denunciadas refiere a la falta de personal especializado y de recursos materiales para la atención de los pacientes. “Fui asignada a una unidad de terapia intensiva y cuidados intermedios para atender a un paciente de 15 años con lesión medular grave, asistencia respiratoria mecánica y traqueotomía. El chico se descompensaba frecuentemente y yo debía atenderlo sin presencia médica, ya que los responsables se retiraban de la institución y quedaban solo de guardia pasiva. Esto implicaba asistirlo en situaciones críticas mientras recibía indicaciones por teléfono, lo que representaba un riesgo grave para su vida”, relató.

Esta situación la llevó a consultar a un organismo de niñez para saber cómo proceder y garantizar el bienestar del joven, además de presentar una denuncia penal que actualmente se encuentra en la UFI N° 10.

Tras esa medida, la enfermera fue convocada por el instituto para realizar un descargo escrito sobre lo denunciado. “Sin asesoramiento legal, accedí a hacerlo y, desde ese momento, comenzaron a asignarme contratos de tres meses y a generarse irregularidades en mis condiciones laborales sin motivo alguno, ya que no tenía sanciones ni observaciones en mi desempeño”, afirmó.

Trabajadores en estado de alerta por los despidos

En este contexto, los trabajadores del Inareps expresaron su preocupación por nuevas represalias ante la exposición de lo que sucede dentro de la institución. “Actualmente hay otros sumarios en trámite y posibles recortes de personal. En mi caso, considero que el despido es completamente injustificado. El sindicato ATE está gestionando mi reincorporación, ya que por mi antigüedad me corresponderían derechos similares a los de la planta permanente”, señaló la enfermera.

Además, denunció que “otras personas que fueron testigos en el caso del menor también recibieron contratos precarios. Desde la dirección se decidió no renovar mi contrato y el de otra trabajadora, a quien también le inventaron una causa para despedirla”.

"Cuando nos despiden a los contratados no nos corresponde seguro de desempleo ni indemnización. Directamente nos quedamos en la calle sin nada y sin motivo", agregó.

De no resolverse el conflicto, a partir del 31 de marzo dos personas quedarían sin empleo, sumándose a los despidos ocurridos en meses anteriores por recortes de personal. “Hay muchísimo temor. Que me despidan es una forma de dar un mensaje intimidatorio para que los demás entiendan que, si hablan, quedan afuera del instituto”, concluyó.