Escándalo por la "operación pendrive" contra la AFA: denuncian un entramado de espionaje y políticos

Una escandalosa operación de desestabilización contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cobró notoriedad con la revelación de un pendrive que contenía información presuntamente comprometida, pero adulterada. La investigación apunta a un entramado que incluye al ex ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, funcionarios de inteligencia, empresarios y dirigentes políticos, quienes actuaron con recursos oficiales y fuera del aval presidencial para intentar controlar el negocio del fútbol.

Según reveló Data Clave, un peritaje clave determinó que los datos del pendrive estaban manipulados. La maniobra involucró a funcionarios de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), bajo la dirección de Santiago Caputo, y se desarrolló en reuniones realizadas en Puerto Madero, bares cercanos a la SIDE y en las inmediaciones del gremio de Agremiados. Abogados mediáticos y empresarios disputaron el acceso a esta información adulterada.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el fútbol fue incluido en la llamada “batalla cultural por la Argentina”, orientada a promover valores liberales y la libre participación de capitales privados en las instituciones deportivas. Este marco político sirvió de telón de fondo para que un grupo de funcionarios y empresarios, sin autorización de la Casa Rosada, intentara avanzar en la legalización de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y apropiarse de la AFA.

El ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona fue el ideólogo central de esta operación. Junto a él actuaron el empresario Guillermo Tofoni, la diputada Juliana Santillán, el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Daniel Roque Vitolo, el ex subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños y el colaborador de la SIDE Mariano Leguiza Capristo. Tras dejar el ministerio, Baños asumió como abogado de Tofoni en litigios contra la AFA relacionados con los amistosos de la Selección Argentina.

El plan incluyó denuncias ante la IGJ y ARCA, presiones mediáticas y la búsqueda de irregularidades en las declaraciones juradas y balances de la AFA. Sin embargo, la única denuncia formal que prosperó se basó en datos falsos, y el juez Amarante mantiene el proceso contra dirigentes a pesar de la evidencia de que la AFA cumplió con sus obligaciones legales.

Un elemento clave de esta operación fue la compra de información a Juan Pablo Beacon, ex empleado y ex titular del Consejo Federal de la AFA, quien enfrentaba problemas financieros derivados de su ludopatía. A través de intermediarios como el representante Marcelo Di Lauro y los gestores Hernán Finessi y José Ignacio Llados, se negoció la adquisición de datos que luego fueron editados y adulterados para presentarlos como pruebas de maniobras ilícitas.

Los encuentros entre Beacon y funcionarios de inteligencia se realizaron en lugares como el Hotel Madero y un café cercano a la SIDE. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) de la Corte Suprema confirmó que el pendrive no cumple con los estándares de seguridad ni cadena de custodia, lo que pone en duda la autenticidad de su contenido.

La operación se desarrolló sin conocimiento ni autorización del presidente Milei, aunque sí contó con el apoyo del asesor presidencial Santiago Caputo. Paralelamente, la diputada Santillán intentó promover la legalización de las SAD en el Congreso, pero encontró rechazo entre dirigentes de clubes del interior, que defendieron el rol social de las instituciones deportivas.

Las negociaciones y discusiones internas entre los implicados quedaron al descubierto en audios y mensajes de WhatsApp. En ellos, Di Lauro y Beacon hablan de porcentajes y comisiones por la venta de la información, evidenciando la complejidad y los intereses personales detrás de la operación.

Además de los principales protagonistas, la trama involucró a figuras vinculadas al fútbol y los medios, como el periodista y gerente de TyC Sports José Ignacio Llados, el representante Hernán Finessi, el abogado Víctor Stinfale y el ex entrenador Ricardo Caruso Lombardi, entre otros.

Este entramado funcionó como una especie de asociación ilícita que actuó de manera independiente dentro del Gobierno, con el objetivo de apoderarse del negocio del fútbol argentino y desplazar a las autoridades legítimas de la AFA. El informe de la DAJuDeCO, en manos de la Justicia, ya fue conocido por la AFA, que analiza las acciones legales contra los medios que difundieron la información adulterada.