Tras 40 años como cliente, el banco le cerró todas las cuentas sin aviso: deberán indemnizarlo por una suma millonaria

El Juzgado Civil de Bariloche condenó a un banco a indemnizar a un cliente con casi 40 años de antigüedad tras cerrarle todas sus cuentas, tarjetas y el acceso a su caja de seguridad sin notificación previa. Se consideró que la entidad violó el deber de información y el trato digno al consumidor.

El fallo establece un precedente destacado respecto a los derechos de los usuarios bancarios de larga data. En una relación comercial, la antigüedad no es un dato meramente administrativo, sino un elemento que refuerza la obligación de la entidad de actuar con mayor transparencia.

El damnificado descubrió que el banco había cerrado su cuenta en septiembre del 2022, cuando intentó realizar una operación habitual con su tarjeta de débito y se la rechazaron sin motivo aparente. Cuando se comunicó con la entidad le dijeron que no solo la tarjeta estaba deshabilitada, sino que su cuenta corriente y caja de ahorro habían sido cerradas.

El acceso a su caja de seguridad, incluso, se le había revocado bajo el argumento de "decisión comercial". El banco aseguró que habían notificado con anterioridad al cliente a través de una carta documento, pero no presentaron constancia de envío ni acuse de recibo que corrobore su versión.

También argumentaron que se trataba de una maniobra legal, porque las entidades financieras tienen la facultad de elegir con quién operar. Sin embargo, el juez consideró que esa capacidad no puede ejercerse de manera imprevista. Además, consideró la antigüedad como un elemento determinante: el cliente había comenzado a operar con la entidad a fines de los 80, bajo otra estructura financiera. Atravesó todos los cambios de marca, lo que genera expectativas legítimas de continuidad.

"Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios", expresó el magistrado y agregó: "La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos". La condena incluyó una indemnización de 15 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios por el incumplimiento contractual y por el trato dispensado.