Conductores de apps presentaron su propio proyecto: crea un registro local y fija requisitos para plataformas y choferes

En medio del conflicto abierto entre taxistas y plataformas digitales, una iniciativa presentada por la Asociación Civil Conductores Unidos busca establecer un marco regulatorio específico para el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata, con eje en la formalización de la actividad y el control municipal.

La propuesta se suma como insumo para el debate legislativo que se reactivará este lunes en la Comisión de Movilidad Urbana, con el tratamiento de dos proyectos de la Coalición Cívica. Uno para regular el funcionamiento de las apps en General Pueyrredon y otro para eliminar las sanciones vigentes a infractores.

El proyecto propone la creación del Régimen Municipal de Regulación del Servicio de Transporte Privado de Personas mediante Plataformas Digitales, bajo la órbita del municipio, que asumiría el rol de autoridad de aplicación a través del área de Transporte.

Uno de los puntos centrales es la conformación de un Registro Municipal de Conductores y Vehículos, en el que deberán inscribirse quienes presten el servicio. A partir de esa inscripción, el municipio otorgaría un carnet identificatorio personal y una oblea obligatoria para los vehículos, que deberá ser visible.

El texto fija además una serie de requisitos para los conductores: contar con licencia de conducir vigente categoría B1, que autoriza a conducir vehículos particulares de hasta 3.500 kg, es decir, no se establece como requisito el carnet profesional que si requieren taxistas y remiseros.

El proyecto incorpora un requisito que parece ser común a las diferentes posturas a favor de la regulación de las apps: que los choferes cuenten con domicilio en General Pueyrredon, desde al menos un año de antigüedad, en una medida tendiente a evitar el desembarco, principalmente en temporada de verano, de personas de otras jurisdicciones. Como último criterio, los conductores no deben tener antecedentes penales, otro punto en común con taxistas.

Los coches, con criterios claro; las apps, con obligaciones

En cuanto a los vehículos, establece que no podrán superar los 15 años de antigüedad y deberán estar radicados en el distrito. También exige la contratación de un seguro específico para transporte comercial de pasajeros, un punto clave en la discusión sobre la actividad.

El proyecto suma controles técnicos más estrictos: plantea la obligatoriedad de realizar la Verificación Técnica Vehicular cada seis meses -con el planteo que la autoridad municipal gestione ante Provincia un descuento del 50%- y una inspección anual a cargo del municipio.

Para quienes ya están trabajando con vehículos que superan el límite de antigüedad, la iniciativa contempla un plazo excepcional de un año para regularizar la situación.

Otro aspecto relevante es que no solo regula a los conductores, sino también a las plataformas digitales. El texto establece que las empresas deberán inscribirse ante la autoridad municipal, constituir domicilio legal en el partido y acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas para poder operar.

La propuesta se apoya en la potestad de los municipios para regular el transporte dentro de su jurisdicción y plantea que la actividad de las apps constituye una fuente legítima de trabajo que no debe ser prohibida, sino ordenada bajo criterios de seguridad y protección al usuario.

En esa línea, el proyecto remarca que las exigencias no apuntan a fijar tarifas ni a intervenir en la contratación del servicio, sino a establecer parámetros vinculados a la seguridad vial y el control estatal.

Finalmente, incorpora la creación de una Mesa Municipal de Diálogo Permanente, integrada por el Ejecutivo, el Concejo Deliberante, asociaciones del sector y empresas, con el objetivo de canalizar conflictos y revisar la implementación del sistema.