Argentina intimó al Reino Unido para frenar explotación petrolera en Malvinas y anuncia arbitraje internacional

El Gobierno argentino elevó una nueva intimación formal al Reino Unido para que detenga en un plazo de dos semanas las operaciones relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La medida se suma a la denuncia por vuelos ilegales realizados por una empresa británica entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas.

El presidente Javier Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la firma THALES UK LIMITED, responsable de las operaciones aéreas sin autorización argentina. Además, dispuso avanzar en gestiones diplomáticas para fortalecer el reclamo y anunció que, de no cumplirse el requerimiento en el plazo fijado, Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que aseguren sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.

En un comunicado oficial, el mandatario expresó: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”.

El Gobierno también rechazó la respuesta británica que calificó a las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y defendió el referéndum unilateral de 2013, subrayando que ninguna de estas acciones modifica la controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas. Argentina sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones bilaterales conforme a los mandatos internacionales.

El respaldo jurídico argentino se fundamenta en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU: la 2065 (XX), que reconoce la disputa de soberanía y llama a una solución pacífica, y la 31/49, que insta a evitar decisiones unilaterales que puedan agravar el conflicto. Según la administración argentina, la explotación de recursos en la zona viola estas resoluciones y causa un daño irreversible a sus derechos.

En términos legales, Argentina apela a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que define la plataforma continental de un Estado ribereño hasta 350 millas marinas. Bajo este marco, el proyecto Sea Lion, situado a 220 kilómetros al norte de las Malvinas, estaría dentro de la jurisdicción soberana argentina.

El contexto diplomático se tensiona aún más con declaraciones del secretario de Defensa británico, Wes Streeting, quien afirmó que el Reino Unido está preparado para defender militarmente las islas ante cualquier acción argentina. Streeting aseguró que las fuerzas argentinas no cuentan con la capacidad para tomar el archipiélago y destacó la capacidad defensiva británica. Además, el Reino Unido confirmó la actualización de sus cazas Typhoon en las Malvinas para fines de noviembre de 2027, aunque aclaró que esta rotación estaba prevista antes de la escalada actual.

Por otra parte, desde el ámbito judicial argentino, la jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, dictó una medida cautelar que ordena a las petroleras involucradas abstenerse de continuar con las obras necesarias para poner en marcha el proyecto Sea Lion. La Cancillería también está gestionando ante Estados Unidos la posibilidad de una mediación internacional, que requeriría la aceptación británica.