Juicio por trata: siete condenados y una absuelta

Se dieron penas de hasta 7 años y de efectivo cumplimiento. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal, que ordenó también el decomiso del inmueble de San Salvador al 7200.  

Momento en que los condenados son trasladados a la cárcel.

13 de Mayo de 2014 15:32

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este martes al mediodía, en la sede del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, los jueces Néstor Parra, Roberto Falcone y Eduardo Jiménez dieron a conocer la sentencia del primer juicio por trata de personas con fines de explotación sexual en Mar del Plata.

A excepción de una mujer que fue absuelta por haber sido antes víctima de este delito, el resto de los imputados en el caso “Dulcinea” fue condenado por el Tribunal, que también ordenó el decomiso del inmueble que funcionaba en San Sanvador al 7200.

A Jorge Daniel Sánchez, acusado de liderar la banda de tratantes, se le dieron siete años de prisión efectiva y a su esposa e hijo, Orfelina Valdez Montero y Fernando Manuel Sánchez, respectivamente, el Tribunal los condenó a seis años. Mientras que al policía Claudio Campos -exonerado de la fuerza y con prisión preventiva- recibió cuatro años y seis meses de cárcel y el doble de inhabilitación.

Para Ángel Hernández, que cumplía tareas de seguridad en el prostíbulo, los magistrados impusieron una pena de 3 años de prisión en suspenso, por considerar que cumplía tareas secundatias, misma pena que para Carmela Concepción Colas, encargada de “Dulcinea”. Finalmente Eugenio Iacovonne recibió un año de prisión en suspenso. 

La única absuelta es Rosa Anyolina Adames Cruceta. Según confirmaron desde la organización Mumalá, los jueces “tuvieron en cuenta el pasado de esta mujer, que fue víctima de trata”.

“Nosotras estamos conforme con la sentencia, más si tenemos en cuenta que no se pudo condenar con la nueva ley, sino con la vieja. Frente a esa limitación, los resuelto por el Tribunal nos pareció satisfactorio”, aseguraron desde Mumalá Mar del Plata a 0223.  

La Justicia también ordenó el decomiso del inmueble donde funcionaba el prostíbulo, así como de la camioneta que realizaba los traslados de las mujeres y del dinero recaudado por esta red, una suma que estaría por encima de los $100 mil. Finalmente, los representantes del Tribunal Federal solicitaron al ministerio Público Fiscal y a la Policía mayor precaución a la hora de avanzar en este tipo de investigaciones, pues en este caso Adames Cruceta fue revictimizada durante el debate con la exposición de imágenes íntimas que no aportaron al esclarecimiento del hecho.