Diputados aprobó una ley que reconoce a empresas con impacto positivo

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Interés y Beneficio Colectivo (IBC), también conocida como Ley BIC.  Esta iniciativa está destinada a sociedades de cualquier tipo (SA, SRL, etc.), existente o que se constituya en el futuro, que “se obliguen a generar un impacto positivo social y ambiental en la comunidad.” De este modo se brinda un reconocimiento legal a los emprendedores de Triple Impacto (social, ambiental y económico) que los proteja y potencie. Formalmente, “a la denominación que corresponda según el tipo social adoptado se agregará la expresión de Interés y Beneficio Colectivo (IBC)”.

Uno de los requisitos indicados en el proyecto aprobado es que estas sociedades deberán “incluir en su contrato social el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obliguen a generar, especificado en forma precisa y determinada”.  Así se podrá exigir legalmente el cumplimiento del propósito declarado en los estatutos de la empresa y además se garantiza que el espíritu fundacional perdure en el tiempo, más allá de los cambios en las estructuras y equipos.

Además, las sociedades IBC confeccionarán un Reporte Anual público, “el cual deberá ser auditado por un profesional independiente matriculado especializado en los ámbitos en los que se pretende lograr impacto positivo y ambiental”.

Esta iniciativa que fue aprobada en Diputados con 118 votos positivos, 36 negativos y 7 abstenciones, busca “promover el desarrollo de un ecosistema de empresas sustentables”, así como también “el diseño de soluciones de mercado para problemas sociales que las políticas públicas y el mercado tradicional no han podido resolver”. En este sentido se destaca especialmente el rol de los emprendedores “en el proceso de creación de soluciones innovadoras para problemas sociales y ambientales”.

Para los autores del proyecto estas organizaciones, muchas de ellas organizadas dentro del Sistema B, ven restringido su desarrollo porque “las formas legales existentes no permiten reflejar adecuadamente el espíritu de su objeto y accionar”. En este sentido, el objetivo perseguido no es otorgar un beneficio impositivo, sino identificar, reconocer y promover a los emprendimientos de impacto social y ambiental.