Las empresas deberán garantizar la provisión de materiales para la construcción

Debido a la falta de varios materiales para la construcción que viene aconteciendo desde hace unas semanas, que coincidió con la restricción que impuso el Banco Central para la compra de dólares, el gobierno nacional reflotó la Ley de Abastecimiento, que intima a las empresas del sector a garantizar la provisión de materiales y a producir “hasta el más alto grado” de su capacidad instalada, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Los precios de los insumos de la construcción subieron 3,7% en octubre, y 32,8% en términos interanuales, según datos elaborados por el Indec.

La Secretaría de Comercio Interior dispuso la normativa, que permitirá regular los precios máximos, márgenes de utilidad, disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores, fijar precios mínimos, de sostén o fomento y hasta obligar a empresas a alcanzar ciertos niveles de producción, entre otras atribuciones.

“Frente a la evolución del estado de excepción configurado y dada la vigencia de menores restricciones al tránsito y reunión de personas se observa una recuperación de la demanda de insumos y materiales de la construcción, que resulta consecuente con una mejora en el nivel de actividad económica”, señala la Resolución 605 de 2020 que lleva la firma de Matías Ginsberg, subsecretario de Políticas para el Mercado Interno del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.

“Resulta menester intimar a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización de los materiales e insumos utilizados para la construcción a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución, con el fin de satisfacer la demanda creciente del sector y evitar, de este modo, situaciones de desabastecimiento”, reafirma el escrito.

La normativa recuerda que “el incumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la presente medida será sancionado conforme lo previsto en la Ley N° 20.680 de Abastecimiento”. Las sanciones prevén multas de entre $500 y $10 millones, o hasta el triple de la ganancia obtenida en la infracción. También clausura por hasta 90 días, la inhabilitación por hasta 2 años para acceder a créditos de entidades públicas y hasta de 5 años para actuar en comercio, comiso de mercaderías y otras penas.

Según el Índice Construya (IC), en octubre la actividad creció 3,84% con respecto a septiembre último. Asimismo, los despachos de insumos de las empresas del Grupo se ubicaron 15,80% por encima de los registrados en el mismo mes del año anterior, aunque en caída de un 9,8% en los primeros 10 meses del año en relación al mismo período del 2019.