De la “liberación masiva” a las trabas del sistema: el año que se cierra con la misma cantidad de detenidos

De la inactividad inicial con el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, pasando por la reanudación de tareas de manera parcial y remota y culminando con el regreso de casi todas las actividades, el funcionamiento de la Justicia bonaerense tuvo en este 2020 una polémica central que repercutió a nivel nacional y generó más hipótesis que certezas: las idas y vueltas sobre una posible liberación masiva de presos terminó en Mar del Plata con la misma cantidad de detenidos que había a comienzos de año.

Más allá de alguna pequeña modificación y a diferencia de otros departamentos judiciales, en el complejo penitenciario de Batán no se registró -en comparación con el año pasado- un número menor de detenidos. A los 1233 que están en la Unidad Penal 15 y los 576 de la Unidad Penal 44 se deben sumar las 88 mujeres de la Unidad Penal 50, lo que da una cifra similar a los 1900 que había a fines de 2019.

El 8 de abril un fallo del Juez Víctor Violini del Tribunal de Casación hizo lugar a un habeas corpus colectivo que ante la pandemia de coronavirus recomendaba otorgar prisiones domiciliarias a los detenidos por delitos leves en el Sistema Penitenciario Bonaerense que formaran parte de los considerados grupos de riesgo. El ya congestionado sistema judicial recibió cientos de solicitudes de detenidos que aspiraban a obtener alguna morigeración por la pandemia y que se sumaban a los que se recibían de manera habitual.

Antes de ese fallo y en el marco de las huelgas de hambre que se dieron a fines de 2019, se habían realizado una serie de reuniones y una mesa diálogo en la provincia con la intención de disminuir de alguna manera la curva creciente de detenidos en el SPB que llegó a tener un crecimiento de cuatro mil detenidos en un año.

“Se había generado antes de la pandemia un movimiento en la Suprema Corte y con algunas resoluciones se intentó corregir la superpoblación y el hacinamiento histórico de las cárceles en la provincia”, recordó un operador judicial a este medio.

El crecimiento de la población carcelaria estaba relacionado directamente con el mayor número de ingresos y la restricción de los egresos. “La política criminal generaba más aprehensiones y la restricción de egresos por leyes que limitaron en su momento las libertadas condicionales o asistidas generaba ese desequilibrio que se planteó a fines del año pasado”, explicó otro abogado particular a 0223.

Los primeros dos meses de Aspo colaboraron de manera indirecta con el equilibrio buscado entre ingresos y egresos de las cárceles. El menor movimiento en las calles limitó los hechos delictivos en la ciudad e incluso en algunas áreas como Flagrancia se detectó una merma de causas superior al cincuenta por ciento.

La idea de puertas abiertas y todos afuera

La repercusión que lógicamente tuvieron algunas libertades o morigeraciones a imputados en delitos graves –de manera contraria al planteo de la resolución de Violini- generaron a mediados de abril una idea de que se abrían las puertas de las cárceles para liberar a cualquier detenido que lo solicitara. Zócalos televisivos, cadenas de WhatsApp y viralización de cadenas en redes sociales fijaron la idea de que las cárceles abrieron las puertas y las salidas eran permanentes.

33 fueron los días que pasaron entre la resolución de Casación y el fallo unánime de la Suprema Corte que revocó el habeas corpus colectivo y ordenó que cada caso sea analizado de manera particular por el Juez competente. Los jueces señalaron que la clasificación de delitos en leves y graves hecha en el fallo de Violini no tenía una base legal y marcaron una serie de puntos para establecer si correspondía otorgar o no esa morigeración.

Para la Defensora General Cecilia Boeri el fallo de la Suprema Corte generó un “endurecimiento total” de los jueces para el otorgamiento de libertades, incluso en el caso de aquellas que se venían tramitando o que correspondían más allá de la pandemia. “Se vivió un retroceso absoluto después del fallo porque hubo más tarea por realizar en el área de Ejecución, sumado a la falta de oralidad por el Aspo y realizar todo de manera escrita, se generó un colapso”, explicó.

“No ha habido liberaciones masivas. Se mantuvo el equilibrio e incluso en algunos meses de este 2020 se dieron menos libertades condicionales o asistidas que el año pasado porque los  jueces estuvieron más estrictos, más duros”, aclaró.

Ante ese panorama real, la funcionaria destacó el trabajo de la defensa pública que debió manejar la ansiedad de los detenidos, el contacto con los familiares y la falta de respuestas a los planteos que se realizaban. “En muchos lados derivó en motines, violencia y daño en las unidades, aunque esa situación pudo evitarse en este Departamento Judicial”, remarcó.

Ante lo que denominó “sensibilidad de los jueces” por esas resoluciones, Boeri insistió en la importancia en que la legislatura provincial ajuste las leyes de procedimiento y tener aunque sea una solución parcial. “Hay que tener un sistema de compensación porque si no hay una ley clara se genera litigiosidad”, explicó.

“Los arrestos domiciliarios se cumplieron en un 98 ciento”

Grupos de riesgo o estar a seis meses de solicitar la libertad asistida o condicional. Ese era el universo al que apuntaba el fallo de Casación que tuvo plena vigencia durante algo más de cuatro semanas y que para parte del imaginario popular provocó una salida masiva de presos de las cárceles bonaerenses. Sin embargo esa idea queda desarticulada una y otra vez por distintos operadores judiciales.

En tal sentido el Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta recordó que el fallo del Juez Violini planteaba claramente cuáles eran los casos en los que se otorgaba la medida aunque –como ya se explicó- la Suprema Corte insistió en que no se podía distinguir entre delitos leves y graves y que en todos los casos debía evaluarse de manera completa si la prisión domiciliaria era una alternativa.

“Casación también lo planteó para aquellos detenidos a los que le restaba medio año para solicitar la libertad asistida o condicional como una manera de desagotar la superpoblación carcelaria”, agregó.

Galarreta reconoció que a partir del fallo se multiplicaron los pedidos de defensores oficiales y particulares, pero que en muchos casos era por personas que estaban fuera del universo planteado en la resolución. “Todos pueden pedir, pero después la Justicia es la que resuelve y así tuvimos incidencias en las que se debatió si correspondía o no según el primer fallo de Casación y el segundo de la Corte”, le explicó a este medio.

Consultado acerca del aumento que registró su Juzgado en particular, el magistrado dijo que para las medidas relacionadas con el régimen de libertad asistida o condicional se mantuvo el ritmo previo a la pandemia, mientras que en el comparativo de prisiones domiciliarias se pasó de 38 a 62 expedientes. “Dentro de ese segundo grupo el cumplimiento del arresto domiciliario estuvo en un 98 por ciento”, detalló.

“El flujo en los pedidos disminuyó rápidamente porque a medida que se iba resolviendo se generaron pautas y criterios que tuvieron que tener los propios defensores: no había que pedir por pedir y esto fue acompañado en las resoluciones de la Cámara”, añadió.

En cuanto a los controles de cumplimiento Galarreta reconoció que fue importante la puesta en marcha de otros mecanismos ya que desde hace tiempo no existe la cantidad suficiente de pulseras o tobilleras de monitoreo electrónico.

A comienzo de mayo la Fiscalía General dio instrucciones para que los fiscales colaboraran en ese control más allá de que no es parte específica de su función. La propuesta surgió a partir de la la multiplicación de pedidos para morigerar penas y del faltante histórico de elementos de control.

Esos controles basados en llamadas o videollamadas se sumaron a los que durante la mañana, de manera remota, realizaban trabajadores del Patronato de Liberados. Para los operadores del sistema el avance de los meses y la limitación de los beneficios se reflejó de manera automática en un mayo cumplimiento.