La Justicia ordenó medidas de prueba por el espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan y el Rigel

A partir de la denuncia que hizo la Agencia Federal de Investigación (AFI), el fiscal general Daniel Adler tomó las riendas de la investigación e impulsó el caso.

24 de Septiembre de 2020 16:22

Por Redacción 0223

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El fiscal general Daniel Adler ya ordenó la realización de diferentes medidas de prueba para tratar de probar las maniobras de espionaje que denunció este miércoles la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Cristina Caamaño, sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan y el buque marplatense Rígel.

El funcionario judicial entendió que deberá investigarse el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal –de acuerdo a la ley 27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino y los tripulantes del pesquero que fallecieron a causa de su naufragio el 9 de junio de 2018.

Fuentes oficiales confirmaron que será Daniel Adler el que se hará cargo de la investigación después de que así lo delegara el juez federal Santiago Inchausti. "El fiscal impulsó el caso y ordenó diversas medidas de prueba", se consignó desde el Ministerio Público Fiscal a través de un comunicado oficial que se dio a conocer este jueves por la tarde.

De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recae sobre el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia.

Según se indica en la presentación que dio origen a la investigación, personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial. La denuncia expresa que tampoco se encuentra amparada por la normativa que regula el trabajo de la agencia, toda vez que los integrantes de dicho colectivo de personas, según se indica, no integraban grupos terroristas ni pertenecían a organizaciones de criminalidad organizada.

En efecto, recuerda que la Ley Nacional de Inteligencia prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.