Caso Lucía Pérez: la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento se comprometió a investigar a la fiscal Sánchez

La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios se comprometió este martes a investigar a la fiscal María Isabel Sánchez por su trabajo en la causa que intentó esclarecer la muerte de Lucía Pérez, que aún espera por un segundo juicio para definir una eventual condena para los imputados Matías Farías y Juan Pablo Offidani.

En la acusación que se definió en las últimas horas contra los magistrados Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes el 28 de noviembre de 2018 absolvieron a los sospechosos por el homicidio y abuso sexual de la adolescente de 16 años, el espacio integrado por los legisladores también se comprometió a revisar el accionar que tuvo la integrante del Ministerio Público Fiscal en la primera etapa de investigación.

"Debemos dejar sentado que si bien no ha sido denunciada en estas actuaciones la Fiscal que investigara en la etapa previa este aberrante delito, se estima que su participación merece ser analizada frente a los principios que rigen el debido proceso legal, lo que esta Comisión analizará concienzudamente y oportunamente se pronunciará al respecto", anticiparon, en el texto acusatorio al que tuvo acceso 0223.

Sánchez, quien hoy cumple funciones dentro de la fiscalía de Flagrancia, fue blanco de muchas críticas por su accionar y por las declaraciones públicas que dio a la prensa en un caso que tuvo un fuerte impacto no sólo en gran parte de la Argentina, sino también en varios lugares del mundo. 

Inclusive, pocos días después de que en octubre de 2017 se definiera la primera elevación a juicio, la fiscal fue apartada con una "licencia psiquiátrica" que se le otorgó. De hecho, la funcionaria judicial ni siquiera llegó a tener participación en el juicio que finalmente terminó con la absolución de los acusados: en su lugar la Fiscalía General designó a Daniel Vicente.

La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios confirmó que tendrá en cuenta las presentaciones que hicieron los propios magistrados, Gómez Urso y Viñas, sobre el accionar irregular de la fiscal donde "se explayan sobre el sistema acusatorio, expresando que los párrafos de la sentencia analizados fueron descontextualizados, acusando a la fiscal por una conferencia de prensa, en la que conforme a ello, la misma habría expresado que en el hecho bajo investigación se habría producido un empalamiento, que los mismos niegan enfáticamente".

"Dada la entidad, naturaleza y gravedad de las expresiones adjudicadas a la Fiscal que llevara adelante esta investigación penal preparatoria y las diferencias evidenciadas entre la primigenia etapa del proceso, con lo que resulta acusado finalmente y ampliada la acusación, merced a la aplicación del art. 359 del ritual, corresponde en una etapa ulterior y con fundamento en el corpus documental de este legajo, expedirse esta Comisión Bicameral en relación a lo señalado, extrayendo copias de dicho corpus documental, para su oportunidad procesal", consignaron los senadores y diputados, en la misma línea.

La Comisión Bicameral, creada por ley 13.661, está integrada por doce legisladores; cinco senadores y siete diputados designados por los presidentes de cada una de las Cámaras por el término de dos años, siempre que sus mandatos se encuentren vigentes. Y es presidida por un representante de la Cámara de Diputados.

El llamado “Jury de Enjuiciamiento” o “Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales”, atiende a la forma de investigar la conducta de los jueces y funcionarios. Se trata de un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el Juez o Funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, verificando si subsiste la “buena conducta” que se requiere para continuar en el ejercido de la función. Es presidida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

"El razonamiento de los jueces está contaminado de preconceptos"

En la acusación que se formuló de cara al jury por "negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta", la comisión legislativa reiteró fuertes cuestionamientos contra Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas que estuvieron en sintonía con lo que ya había manifestado en agosto la sala cuarta de Casación de la Provincia de Buenos Aires al anular la sentencia dictada hace casi tres años, ordenando la realización de otro debate oral.

"No se interpreta cómo es posible aceptar que el fallo sea producto de un acto jurisdiccional válido, no sólo en cuanto a su determinación procesal, sino en cuanto al disvalor de las conductas de quienes lo signaron, sin recaudos sobre la aplicación de las cuestiones de género, entre otras gravemente ignoradas de raigambre constitucional", señaló al respecto el organismo que actualmente preside el diputado Mario Giacobbe.

Los legisladores cuestionaron a los magistrados marplatenses por negar "una situación de vulnerabilidad dentro del contexto de género y que fuera cosificada para satisfacer sus deseos". "Se han desarmonizado la valoración de las pruebas, haciendo foco en la víctima de 16 años partiendo de analizar indebidamente su honestidad y castidad, como si se la estuviera investigando a ella, algo imposible de aceptar", apuntaron.

A partir de los argumentos expuestos, los integrantes del espacio concluyeron "sin esfuerzo" que se han vencido "los cánones legales que debieron regir la decisión, lo que excede el marco jurisdiccional por el agravio causado a la memoria de la niña y a la administración de justicia, sustentada en valores que se advierten mancillados por el irrespeto de los mismos, que coadyuvaron al desprestigio de la magistratura".

"La valoración objetiva de las pruebas y el dictado de veredicto y sentencia, que se autoabastezcan lo que no se verifica cumplido entre lo afirmado sobre que antes de este suceso la niña tuvo el dominio de las situaciones y por ello en este caso prestó también su consentimiento, como si todas las situaciones se presentaran del mismo modo y las personas fueran de las 14 mismas características, esta vez también, ello conculca incluso cualquier principio de razón y enjareta la conducta en un mala praxis judicial, y por ello la procedencia del juicio político, independientemente de lo actuado judicialmente", razonaron, en otro tramo de la resolución acusatoria.

Para la comisión, "el razonamiento de los jueces está contaminado de preconceptos previo al análisis de la prueba y lo surgido del debate". "Esa concepción alteró la visión sobre los hechos, proveyendo a sus razonamientos, lo que descalifica sus conclusiones como un razonamiento fundante de un pronunciamiento judicial válido", explicaron.

En el mismo sentido, se reiteró que los jueces para determinar la sentencia absolutoria que finalmente no tiene validez aplicaron "prejuicios androcéntricos, estereotipados en perjuicio de una menor de edad, desconociendo la aplicación obligada de la cuestión de género y no discriminación". "Hay un modo inusual de considerar a la niña como no vulnerable frente a la situación juzgada bajo un grave error en la percepción de los hechos y la estigmatización operada sobre la víctima", señalaron.

"Esto nos conduce inevitablemente a concluir que los jueces denunciados no reúnen las condiciones que la Constitución y las leyes determinan para proseguir en el cargo para el que prestaran juramento de desempeñar fielmente, habiendo por el modo de proceder frente a este caso puntual de una manera inidónea y arbitraria, perjudicando la fe del sistema jurisdiccional, desprestigiando la administración de justicia", finalizó la comisión.