Toma en el barrio Las Heras: Montenegro endurece su postura, pero el conflicto está abierto

El domingo unas 30 familias llegaron al predio de Fortunato de la Plaza entre Rufino Inda y Reforma Universitaria y concretaron la toma del terreno en el barrio Las Heras. Casi 24 horas después, el intendente Guillermo Montenegro se refirió por primera vez al tema en una conferencia: dijo que los que toman tierras son delincuentes y anticipó que pediría a la justicia el desalojo.

A cuatro días de la toma, la situación tiene un final incierto: la gente sigue adelante con su plan de construir sus viviendas allí, el intendente rechaza cualquier tipo de negociación y quiere sacarlos de allí y la justicia, por ahora, no autoriza el desalojo. El fondo de esta pintura es una crisis habitacional concreta que en Mar del Plata afecta a 13.449 personas que viven en 71 asentamientos. Vale aclarar: no es un problema exclusivo de la ciudad, ni con características especiales aquí; se repite en cualquier gran ciudad de la Argentina.

Montenegro dejó en claro que no hay ningún canal de diálogo posible con los manifestantes. Este miércoles, luego del revés del juez de Garantías Saúl Errandonea que rechazó el desalojo pedido tanto por el intendente como por el fiscal Juan Pablo Lódola, redobló la apuesta: tildó a las familias que están en el predio municipal de “delincuentes”.

El intendente y el fiscal apelaron la decisión del juez de Garantías y ahora esperan que la Cámara revierta el fallo de primera instancia y habilite el desalojo del terreno con la fuerza pública. “Es un disparate”, calificó Montenegro la resolución de Errandonea y anticipó su idea de trasladar el conflicto a la Justicia Federal, un fuero en el que el intendente tiene lazos más estrechos. 

El foco de conflicto se da justo la misma semana que el expresidente Mauricio Macri mencionó al intendente cuando recordó las negociaciones para destrabar la toma del Parque Indoamericano. Pura casualidad. 

Qué dice el juez

El juez de Garantías Saúl Errandonea escribió una resolución de 15 páginas. Hay algunos puntos sobre los que vale la pena detenerse. Le apunta al fiscal Juan Pablo Lódola: asegura que si hubiera intervenido en un principio con las facultades que le otorga la ley podría haber impedido la toma. El magistrado enumera que la policía desactivó el primer acercamiento de dos mujeres al terreno el domingo a las 12.30. Los efectivos volvieron cuando más personas estaban delimitando el predio y se contactaron con el fiscal. Ordenó “invitarlos a retirarse” y, en caso de que se negaran, identificarlos y notificarlos de la formación de una causa penal. Otra vez, lograron desarticular la toma.

Sin embargo, ya casi de noche el terreno fue ocupado por unas 40 personas. La policía volvió a hablar con Lódola, dio las mismas indicaciones, pero esta vez la gente decidió quedarse. “La decisión pretendida, en cuanto a su habilitación, se encontraba dentro de las facultades conferidas por el ordenamiento procesal al Sr. Fiscal, entre la que se destaca la de hacer cesar el estado antijurídico, en el caso de entender que esto ocurre así”, escribió Errandonea. La traducción simple: si el fiscal creía que se estaba cometiendo un delito podía haberlo detenido en ese momento, la ley lo avalaba.

Para el juez no era lo mismo impedir la tomar en el momento en que comenzó a producirse que forzar una salida cuando las familias llevan algunos días allí. Argumenta en su fallo que ahora debe aplicarse el protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad que, a su criterio, no se cumplió.

Antes de autorizar el desalojo por la fuerza pública el juez de Garantías pide que haya más precisiones de las características del grupo que tomó el espacio y que se agoten las instancias de mediación para resolver el conflicto.

“Hay un ida y vuelta entre el fiscal y el juez en el que no nos vamos a meter”, aseguran desde el Ejecutivo y se plantan en la postura que hoy hizo pública Montenegro a través de un video difundido por las redes sociales: no hay negociación posible “con delincuentes”.

“El punto 4 es demasiado. Nos pide comida, médicos, agua… le faltó decirnos si prefieren Samsung o Iphone”, chicanearon desde el municipio. De más está decir que el municipio no piensa cumplir ese pedido: “Que nos declare en desacato si quiere”.

Algo similar denunció el concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, hoy con un marcado perfil opositor. Sin embargo, el edil no se lo achacó al fiscal, sino al municipio. "El gobierno municipal tiene que explicar por qué razón diferentes funcionarios municipales de la Secretaria de Gobierno y Seguridad desoyeron a los vecinos del sector lindante al Polideportivo del Barrio Las Heras, que avisaron en el momento de la toma de terrenos", tuiteó el presidente de la bancada, que luego presentó un pedido de informes en el Concejo.

El terreno

El principal argumento del intendente Guillermo Montenegro es que la toma de terrenos es un delito. Sin embargo, tanto en su presentación como en la del fiscal hay otro argumento para exigirle al juez el desalojo de las familias que ocupan el predio: la integridad física de quienes llevan adelante la toma y de los vecinos de la zona. Suena algo contradictorio, pero más allá de las consideraciones sobre los manifestantes el aspecto técnico puede tener más fuerza para ordenar el desalojo.

El ingeniero Juan Carlos Szpyrnal elaboró un informe en el que explica que ese predio se modificó y es utilizado como cuenco de amortiguación hidráulica que forma parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS).

Particularmente allí la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas y Saneamiento intervino para darle factibilidad a un plan de viviendas emplazado en los terrenos linderos. Básicamente, se “bajó” ese terreno para que ante una lluvia intensa ese predio reciba la mayor cantidad de agua y evite que se inunden los linderos. “No es la diferencia niveles suaves de un declive de la naturaleza. Es abrupta”, explicó una fuente consultada por este medio.

A su vez, el informe del ingeniero Szpyrnal plantea que no se puede garantizar la estabilidad del suelo en el supuesto de que se construyan viviendas.

En su resolución, el juez planteó que no recibió el informe técnico que justifique el peligro para las personas que realizan la toma y para los vecinos de zonas linderas, algo que rechazó Montenegro en su apelación.

¿Hay alguien detrás de la toma?

“Hay una toma de terrenos”, dicen sin rodeos los voceros de las 30 familias que decidieron tomar el predio del barrio Las Heras, con la idea de construir su propia vivienda. Aseguran que no son delincuentes y que solo buscan tener un terreno para construir su propia vivienda. Una demanda, vale decir, de muchísimas familias de Mar del Plata y el país.

Las versiones por lo bajo los unen al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la agrupación liderada por Juan Grabois. ¿Por qué? Micaela González, una de las personas que habló con los medios, tiene lazos con la organización.

Según confirmaron desde el MTE a 0223, la mujer no es dirigente, ni referente de la organización. “Es trabajadora de la economía popular, trabaja como cocinera, está integrada a nuestro movimiento, pero ella misma aclaró que esto lo hizo a título personal”, indicaron desde la organización que lidera Grabois.  

La vinculación política sirve para darle otra connotación al conflicto. Pero todo indica que no lo tiene. Si algo demostró Grabois es que no tiene inconvenientes en ponerse al frente de distintos reclamos, por más impopular que pueda parecerles a otros actores del mundo público. “No condenamos las tomas, han sido parte de nuestros procesos de recuperación. Pero desconocíamos que se iba a hacer esta, no tenemos nada que ver. Si fuéramos nosotros lo diríamos”, resumió un vocero de la organización.

La historia tiene un final incierto. En el municipio confían en que la Cámara de Apelaciones revierta el fallo de primera instancia y autorice el desalojo del predio para darle fin a un conflicto que, si se extiende en el tiempo, puede adquirir una envergadura difícil de manejar. Como sea hay algo que no se puede perder de vista: la falta de respuestas del Estado para solucionar el déficit habitacional de los sectores más vulnerables es un llamado de atención que más temprano que tarde habrá que abordar.