Vuelve la tensión, la UCR se le planta al gobierno y la opinión de los jueces de Faltas

Semanas intensas para el oficialismo

Luego de descomprimir la tensa situación que se vivió en las últimas dos semanas con la toma del predio municipal en el barrio Las Heras, la calma duró poco en la gestión de Guillermo Montenegro. Las próximas semanas prometen ser intensas, tanto por conflictos como por debates de peso en el Concejo Deliberante.

Por un lado, la pelea de Montenegro con los taxistas recrudecerá a partir del lunes, cuando los trabajadores de taxis y remises realicen un paro para repudiar el avance del proyecto de la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, que permite el desembarco en Mar del Plata de apps de transporte. 

Luego de que el intendente rechazara esa posibilidad durante el comienzo de su gestión los problemas para conseguir un taxi en Mar del Plata durante la última temporada de verano -aún no resueltos por completo- hicieron que cambie de postura. Dos informes favorables de funcionarios del Ejecutivo (Emtur y Desarrollo Productivo) alertaron a los trabajadores del volante que el gobierno está dispuesto a avanzar con la idea.

El viernes, además, el gobierno local presentó el nuevo pliego de transporte público de pasajeros para licitar el servicio por los próximos 15 años. Desde hace semanas se venía especulando con la posibilidad, pero finalmente el gobierno decidió acelerar: reunió a funcionarios del Ejecutivo con jefes de los bloques oficialistas para anunciarles la decisión de dar comienzo al debate.

"Por si fuera poco se viene el Presupuesto", anunció un estrecho colaborador del intendente. Antes del 30 de noviembre el gobierno presentará el proyecto madre. "Y se vienen otros temas importantes", se despidió el funcionario sin querer dar mayores pistas.

El radicalismo y un planteo contra una política de Montenegro

El bloque de la UCR no votó a favor de un convenio que el intendente Guillermo Montenegro presentó para que sea convalidado por el Concejo Deliberante, donde se establece un acuerdo con la empresa Cyberwave para la instalación de fibra óptica en General Pueyredon. La firma estará exenta del pago de derechos y tasas a cambio de brindar conectividad a unas 100 instituciones, entre ellas escuelas, salitas y bibliotecas.

Tras una exposición de casi una hora del subsecretario de Gobierno Digital, José Luis Dranuta, ante la Comisión de Obras, la presidenta del bloque radical, Marianela Romero, expresó fuertes críticas al convenio y anunció la abstención del espacio, mientras que el Frente de Todos votó en contra. El expediente igualmente pudo ser aprobado por los votos del Pro y la Coalición Cívica.

La crítica se focalizó en que la Municipalidad le viene cerrando la puerta a este tipo de convenios con las cooperativas de Internet que operan en zonas periféricas de la ciudad, mientras le da vía libre a empresas. “Estoy en contacto con las cooperativas que brindan servicio”, planteó Romero y destacó el desarrollo del tendido en zonas que las grandes empresas no le prestan atención con el bajo rédito económico que generan. “Una de las cuestiones que me plantean es la dificultad que tienen para llevar a cabo con la Municipalidad este tipo de convenio”, remarcó, mientras que también aseguró que el convenio no es preciso sobre la zona de la ciudad donde se instalará la fibra óptica.

“Son cooperativas que brindan servicios gratuitos a instituciones educativas y de salud, se me dificulta entender cuál es el punto por el cual el Municipio y las cooperativas no se ponen de acuerdo en convenios como sí con esta empresa”, sostuvo Romero, quien también dijo que, durante la pandemia, este tipo de convenios “no hubiera habido la desconexión que hubo y se hubiera tenido una continuidad educativa”.

Tras la aprobación, el expediente seguirá en tratamiento en otras comisiones, mientras que se aguarda un informe de la Secretaría de Hacienda para tener mayores precisiones sobre el beneficio económico que generaría el convenio al Municipio.

Números insuficientes

Luego que el Ejecutivo informará que en 15 meses se regularizaron construcciones equivalentes a 20 hectáreas, el Frente de Todos planteó que no se cumplieron las expectativas que se habían generado cuando a mediados de 2021 se aprobó un régimen excepcional y transitorio para que titulares regularicen construcciones no autorizadas por la Municipalidad.

La mirada del bloque estaba puesta principalmente en la situación de las viviendas unifamiliares, muchas de las cuales se construyen por fuera de las regulaciones vigentes, generando complicaciones a futuro. Según el informe que el secretario de Obras, Jorge González, presentó al Concejo, el 61% de los 205 mil metros regularizados correspondieron a este tipo de edificaciones.

El informe llegó en simultáneo con el pedido del gobierno para extender por otro año el régimen que se venció a fines de octubre, pero ahora los concejales evaluarán si es necesario introducir cambios para lograr que sean más los metros que se regularicen. Para ello, gestionarán una reunión con los jueces de Faltas de General Pueyrredon, para analizar en conjunto las posibles modificaciones.

Una renuncia en el Concejo Deliberante

A poco más de un año de ser electa como concejal suplente por el voto popular, Antonela Fasano renunció al cargo en las últimas horas. La militante del Pro informó su decisión a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, a la par que inició el mismo trámite ante el Concejo Deliberante.

El motivo de la renuncia se debe a motivos personales, dado que en las últimas semanas se radicó en Buenos Aires, donde igualmente seguirá ligada a la política marplatense como asesora del senador provincial Alejandro Rabinovich.

En octubre, Fasano había renunciado al cargo de directora general de Protección Integral a las Víctimas y Resolución Alternativa de Conflictos, tras un 2022 donde esporádicamente asumió la banca en reemplazo de concejales titulares de Juntos. Ahora, el referente del Gen Mar del Plata, Franco Luchina, ocupará su lugar como segundo concejal suplente del oficialismo, mientras que Yanina Sosa será la primera suplente mujer.

“Violatorio de elementales principios constitucionales”

Un dictamen con duras consideraciones emitió el fiscal general Daniel Adler en la causa que sigue la Justicia Federal por la acción de amparo impulsada por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, para frenar la aplicación de la ordenanza que regula la Zona Roja.

En el escrito, Adler efectuó fuertes consideraciones sobre el accionar del titular del Juzgado Federal N°4, Alfredo López, quien había rechazado la demanda por considerar que el Comité no tiene la potestad de litigar. “El rechazo de la demanda resulta violatorio de elementales principios constitucionales y contrario a innumerables pronunciamientos jurisprudencial de la Corte Suprema”, planteó el fiscal general, quien recomendó a la Cámara que deje sin efecto la decisión de López y ordene el avance del expediente.

En su amplio dictamen, Adler puntualizó que la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas crea el Comité y le reconoce una “autonomía funcional”, algo que “tan siquiera fue mencionado en la resolución” de López. Además, el fiscal general ponderó que dicho Comité cumple un rol institucional en la lucha contra la trata, por lo que en el caso en análisis se analiza la posible violación de derechos humanos.

La demanda en cuestión fue presentada en julio por el titular del Comité, Gustavo Vera. Tras las decisiones de López que frenaron el amparo, se inició una segunda causa, en este caso por impulso de la Fundación Alameda, integrado por Vera y otros funcionarios del Comité. En este caso, el juez López también le puso un límite, al considerar que la Justicia Federal no tiene competencia en la materia, sino que corresponde a la justicia provincial.