“Necesarias”, “criminalización” y “demagogia”: las posturas enfrentadas por las sanciones en la regulación de la Zona Roja

El debate para regular la prostitución en la vía pública se encuentra en etapa de definiciones y este miércoles el oficialismo logró allanar el camino para aprobar su proyecto, que contempla la imposición de multas y penas de prisión para infractores que no respeten la zona y horarios habilitados para la actividad.

Ese punto dividió aguas en un contexto donde tanto los proyectos de Juntos como el Frente de Todos coinciden en gran parte. Por caso, los dos plantean la apertura de una instancia donde finalmente el Ejecutivo tendrá la atribución de establecer la zona habilitada, como así también se implementarán políticas sociales y sanitarias para la atención de las personas que ejerzan la prostitución en la calle. Sin embargo, el punto de las sanciones marcó un elemento irreconciliable.

https://www.0223.com.ar/nota/2022-6-22-11-8-0-zona-roja-aprobaron-por-mayoria-el-proyecto-que-contempla-multas-y-prision-para-infractores

Tanto el Frente de Todos como Acción Marplatense cargaron contra el proyecto mayoritario que contempla multas de mil a cinco mil unidades fijas (90 pesos cada unidad) y/o arresto de cinco a treinta días para quienes no cumplan la ordenanza. Esto quiere decir que las sanciones pueden ir desde los 123 mil hasta los 623 mil pesos.

Sol de la Torre (FdT) planteó que “no hay una perspectiva de género” donde “lo único que le importa al Ejecutivo son las multas y arresto, todo lo demás no le importa”. Reclamó que su bancada incorporó planteos del Ejecutivo para llegar a una postura de “unanimidad”, pero ello no pudo lograrse por la postura del gobierno.

“Nuestra preocupación es tanto para que la vida de los vecinos que viven en esos barrios sean subsanadas, pero sobre para que esa población que vive en la exclusión por la ausencia del Estado pueda tener herramientas de inclusión para vivir dignamente”, expresó la presidente de la comisión de Género, quien insistió en que las sanciones implican una “criminalización” de personas en situación de prostitución.

Por su lado, Horacio Taccone (AM) expresó que “el proyecto del Ejecutivo es demagógico, no le va a servir para mejorar la vida de nadie. Lo único que va a lograr es que pasen unos cuantos meses y nos demos cuenta que fue una equivocación y que no aportamos a que nuestros vecinos vivan mejor. Creer que con multas y arrestos vamos a solucionar esta problemática es una ilusión”. Desde su bloque se manifestaron en contra de sancionar esta semana una ordenanza y, en cambio, propusieron abrir una instancia de debate con actores de la justicia, las fuerzas de seguridad y otras reparticiones estatales como la Dirección de Migraciones, para desde allí nutrir una nueva normativa.

Otra fue la perspectiva del oficialismo, donde Agustín Neme (Vamos Juntos) remarcó que “una ordenanza de este tipo necesita que estén contempladas las sanciones”. En tanto, Marianela Romero (UCR) resaltó la reformulación del proyecto presentado en 2021 por el Ejecutivo, donde finalmente “se incluyeron programas que se presentaron desde la oposición. Entiendo que la comunidad vulnerada no era solamente los vecinos, sino también aquellas personas que se encuentran en situaciones que no han podido elegir, en las que han caído”.

“Madurez política”

Pese al contrapunto en torno a las sanciones, desde las distintas bancadas reconocieron la importancia de haber llegado a un acuerdo político que posibilitó una resolución legislativa que subsane lo actuado la semana pasada por la Comisión de Legislación. En ese entonces, se habían promocionado tres dictámenes sin que ninguno logre la mayoría, contrariando lo dispuesto por el Art.60 del Reglamento Interno.

Luego de declaraciones cruzadas, este martes en la Comisión de Labor Deliberativa se llegó a un entendimiento y se convocó a una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad, Género y Legislación, donde este miércoles se realizaron nuevos dictámenes sin tensionar las reglamentaciones.

Desde el Pro, Neme resaltó la “madurez política” con la que se buscó una resolución al conflicto, mientras que Daniel Núñez (UCR) reconoció que “producto de un acuerdo al que se llegó entre oficialismo y oposición” se pudo canalizar el expediente.

“Esta comisión conjunta es una solución legislativa, pero que a su vez constituye una excepcionalidad para cuidar la institucionalidad de este HCD. Era importante llegar a una solución del tema pero a través de un expediente que cuenta con un dictamen de mayoría y no cómo surgió en el tratamiento en comisión", aportó por su lado Marina Santoro, presidenta del bloque del Frente de Todos.