Fotomultas: la oposición denunció “un negociado” y que se apeló a la Unsam para evitar una licitación

Los bloques opositores cargaron contra la decisión de Montenegro. También plantearon la violación de la independencia de poderes. Vuelve a sonar el nombre de Secutrans, la empresa que estaría detrás de la operatoria.

La polémica por las fotomultas ganó el centro de la escena en el Concejo Deliberante. Foto: Prensa FdT.

9 de Junio de 2022 14:20

Por Redacción 0223

PARA 0223

En el marco de una nueva sesión del Concejo Deliberante, los tres bloques opositores lanzaron durísimos cuestionamientos al intendente Guillermo Montenegro tras haber decidido implementar el convenio por las fotomultas sin contar con el aval legislativo. Catalogaron a la iniciativa como “un negociado”, donde se utilizó a la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) como una “pantalla” para evitar una licitación y se aseguró que es ilegal la decisión de pasar por alto el aval legislativo al convenio firmado con la Universidad.

Tal como había adelantado 0223, la oposición abordó la polémica por las fotomultas entre las cuestiones previas que se suelen plantear al comenzar cada sesión del Concejo Deliberante. “Estamos a favor del uso de las tecnologías para la implementación de políticas de seguridad vial, sobre todo cuando se hace por medio de procesos licitatorios”, sostuvo la presidente del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, en el inicio de su intervención.

La edil aseguró que “se designó a dedo un negocio millonario” y se preguntó “qué le va a decir Montenegro a todos los vecinos cuando le lleguen multas de hasta $123 mil pesos con un convenio sobre el pesan dudas de legalidad”. Santoro aseguró que la apelación a una modificación a la Ley Orgánica de las Municipalidades que permite aprobar convenios sin pasar por el Concejo Deliberante es errada, dado que la normativa comenzó a regir el 31 de diciembre, mientras que el convenio fue firmado el 21 de diciembre. “Hay un atropello de la independencia de los poderes”, agregó Santoro, quien catalogó a la decisión de Montenegro como “un negociado muy poco claro” donde “algo huele muy mal”.

El principio de irretroactividad de la ley también fue sostenido por Horacio Taccone. El concejal de Acción Marplatense incluso planteó que “no tengo absolutamente ninguna duda que la Unsam fue utilizada para evitar la convocatoria a una licitación pública". En esa línea, aseguró que el gobierno apela a la Universidad como “intermediario comercial entre el Municipio y los proveedores de servicios”.

Taccone también argumento la incorrecta utilización de la figura de los convenios con entidades públicas, dado que a través del mismo se “debe contratar a una universidad por saberes propios de la universidad”. “¿Dónde está la planta industrial donde fábrica cámaras la Unnsam? No existe, no está”, puntualizó.

Hubo un único objetivo: saltear un proceso licitatorio, no quiso hacer una licitación. Buscó una maniobra para hacer una contratación directa utilizando como pantalla a la Universidad Nacional de San Martín”, planteó por su lado Alejandro Carrancio.

Acá no se le adjudicó al que hizo la mejor oferta, sino al que eligió Montenegro a dedo. Hay un silencio estampa sobre quién está detrás de la Unsam. La empresa sería Secutrans”, volvió a plantear el concejal de Crear Juntos, en similares términos a lo formulado meses atrás en otra sesión del Concejo Deliberante cuando se abrió la polémica por el giro del expediente a las comisiones. Carrancio además apuntó contra el titular de Secutrans, Leandro Camani.

Asimismo, aseguró que la empresa no cuenta con un buen historial en sus experiencias con otros Municipios a los que le provee el servicio de fotomultas. “A Camani en San Antonio de Areco se le rescindió el contrato por incumplimiento y en Escobar tuvo un problema similar. Con estos antecedentes era difícil que Secutrans se presenté a una licitación y la gane”, arremetió.

Los tres referentes opositores también se mostraron en sintonía con el cuestionamiento al monto de las fotomultas que percibirá la Unsam, del 56% según lo establecido en el convenio. El restante porcentaje se distribuye entre la Ciudad (20%) y la Provincia (26%). "Es un negocio maravilloso para el privado", apuntó Carrancio.