Buscan ceder predio lindero al Faro de la Memoria para desarrollar un proyecto turístico

El gobierno de Guillermo Montenegro pidió al Concejo Deliberante la autorización para que un privado lleve adelante un emprendimiento turístico recreativo en un predio lindero al Faro de la Memoria, en una triangulación que incluye un viejo convenio firmado por Carlos Arroyo, una asociación vinculada a exmarinos que realizó un uso irregular de terrenos públicos y una pujante empresa de la industria del gin.

El inicio de la historia se remonta a marzo de 2019, cuando el entonces intendente Carlos Arroyo firmó un convenio con la Asociación Civil Centro Recreativo Comandante Luis Piedrabuena, para cederle el uso y explotación de un predio de una hectárea en Avenida de los Trabajadores 5700. La asociación está vinculada a exmarinos liderados por Augusto Menecier, un ex integrante de la división de Inteligencia Naval durante la última dictadura militar entre 1978 y 1979.

Sin permisos estatales, la asociación se había instalado en el predio irregularmente, lo que había abierto un pleito administrativo y judicial con el Estado municipal bajo el gobierno de Gustavo Pulti. En 2015, la municipalidad había ordenado desalojar las instalaciones para que el predio volviera a manos de la Comuna, en un marco donde se declaró “Lugar Histórico Nacional” al predio del Faro de Punta Mogotes en el que funcionó el centro clandestino de detención de la escuela de Suboficiales de la Marina de Mar del Plata. La presencia de la asociación –que no tiene vínculos formales con la Armada- también fue cuestionada por organismos de derechos humanos, que aseguraron que la entidad realizaba una "usurpación" del lugar y donde también tomaron como ofensiva la presencia de exmarinos que prestaron servicios durante la última dictadura militar.

Finalmente, el convenio no fue convalidado por el Concejo Deliberante ante reiterados intentos del jefe del bloque de Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo. Sin embargo, la institución siguió utilizando el espacio hasta la actualidad, donde cobran un arancel para pasar el día en el lugar y alquilan las instalaciones, principalmente, para reuniones o encuentros familiares.

Nuevo proyecto

Las novedades se conocieron este lunes por la tarde, cuando el intendente Guillermo Montenegro volvió a presentar el convenio para su convalidación, tres años después. La propuesta contempla una cesión del espacio que forma parte de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur y que tiene acceso al mar, por el plazo de cinco años –con posibilidad de extenderlo por un tiempo similar- y con un canon anual de $80 mil pesos, a razón de $6.666 mensuales.

Pero allí no termina la iniciativa, sino que fue acompañada por dos proyectos de ordenanza: uno para autorizar a la Asociación Luis Piedrabuena a ceder el uso parcial del predio a la firma Burbarrell SA, fabricante del gin Restinga, “para el desarrollo de una propuesta turística recreativa” que la Secretaría de Obras viene tramitando desde 2021, y otro para ampliar los usos del suelo, contemplando la habilitación de centro recreativo con instalaciones destinadas a alojamiento temporario y recreación. Asimismo, se autoriza el establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación.

Entre los principales argumentos de las propuestas, el gobierno resaltó que “los lineamientos de este convenio puede redundar en acciones concretas tendientes a dar solución a la necesidad actual de contar con una estructura edilicia municipal adecuada y operativa con todas las características y requerimientos que otorguen una mejor respuesta a las necesidades de esparcimiento, de política social, tratamientos terapéuticos, e incluso como espacio de albergue para los efectivos de la Policía Local en la zona, de ocio y deportivas en general”.

En el expediente también se adjuntó el convenio especifico entre la Asociación y Burbarrell, donde se explicita que su duración tendrá el mismo plazo de vigencia que el convenio entre la primera y la Comuna. En tanto, la cesionaria se obliga a llevar adelante la ejecución del plan de obras y de forestación propuesta en el expediente administrativo que tramita la Secretaría de Obras, sobre el cual no se dio detalles. En cuanto al canon, tampoco hay precisiones, ya que se establece que será la Municipalidad la que lo “determine por el uso y explotación del espacio cedido”.