Estado de sitio, gremialistas detenidos y militares en las calles: cómo se vivió el golpe del ‘76 en Mar del Plata

La mañana del miércoles 24 de marzo de 1976 amaneció fresca: durante la madrugada, una tormenta eléctrica con fuertes chaparrones había traído el aire lozano propio del otoño que recién comenzaba y que para Mar del Plata significaba oficialmente el final de la temporada alta. De hecho, durante los dos días anteriores, se contabilizaron 15.704 personas que, a bordo de 4.529 autos y 87 ómnibus, habían abandonado la ciudad para retomar sus rutinas. La culminación de las vacaciones también se reflejaba en la cartelera de espectáculos: Alfredo Alcón anunciaba las últimas funciones de la exitosa obra “Panorama desde el puente” en el teatro Atlas y Alberto Martín, la figura de “Acá hay gato encerrado”, se despedía del público marplatense.

El gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, en medio de una fuerte crisis institucional, también llegaba a su fin y de la peor manera: la Junta Militar con el general Jorge Rafael Videla tomó el poder por asalto y dio inicio a un período de ocho años de dictadura, la más violenta que registró la historia nacional. 

A nivel local, la noticia era, lógico, fue el título principal del diario La Capital. “El estallido de un movimiento castrense destinado a quebrar el controvertido proceso institucional mediante el derrocamiento del gobierno parecía anoche inevitable y de una inminencia tal que informados observadores coincidían en vaticinar que los acontecimientos desencadenarían en la madrugada de mañana miércoles. En efecto, a despecho de la incredulidad manifestada en los más altos niveles oficiales, y de las febriles gestiones de políticos oficialistas y opositores por arribar a una concertación capaz de iluminar con un rayo de esperanza el deteriorado panorama, numerosos indicios de unieron para confirmar la proximidad del golpe militar”, anticipaba ese medio, al tiempo que daba cuenta del traslado la mandataria a la residencia de “El Messidor”, en Neuquén.

En medio de esa incertidumbre, otro tema mantenía preocupados a los marplatenses: el intendente municipal Luis Nuncio Fabrizio había autorizado por decreto y ad referéndum del Concejo Deliberante un aumento del boleto de colectivo, que desde esa misma mañana pasó de costar 1000 a 1500 pesos en moneda nacional, y la población no ocultó su malestar. Al mismo tiempo, las páginas policiales hablaban de la trágica muerte de un obrero de la construcción, de 46 años y padre de cuatro hijos, que había sido aplastado por la rueda de una pala mecánica mientras participaba de la excavación de un pozo de ocho metros de profundidad en la esquina de Mitre y Rivadavia, en pleno centro de Mar del Plata.

En las horas posteriores a la toma del poder por parte de los militares, el movimiento en las calles marplatenses fue mucho menor al habitual ya que regía asueto nacional, se habían suspendido las clases y la actividad municipal fue prácticamente nula. Poco a poco, la presencia militar comenzó a advertirse en las calles marplatenses, sobre todo, en los ingresos al palacio municipal en donde, incluso, aquellos vecinos que se acercaban a realizar trámites eran palpados de armas e ingresaban a las instalaciones de uno por vez. Puertas adentro, en el despacho municipal, los exintendentes Teodoro Bronzini y Jorge Lombardo se reunían con el entonces jefe comunal, Luis N. Fabrizio, quien ya tenía las horas contadas en el cargo. Dos días después, ante el requerimiento del interventor militar en la provincia de Buenos Aires, general de Brigada Adolfo Sigwald, presentó su renuncia por medio de un telegrama en el que señalaba: “(...) Comunícole mi renuncia a mi cargo de intendente del Partido de General Pueyrredon. Permanezco en funciones, mantenimiento custodia y conservación de la documentación de los organismos dependientes de esta municipalidad". El vaivén de los soldados que hacían guardia en el acceso al municipio y Canal 8 desde sus puestos hasta una cocina portátil instalada en las inmediaciones en busca de su “rancho” se transformó, paulatinamente, en una postal normal para quienes anduvieran por el microcentro. 

A lo largo de la jornada, se conocieron las primeras disposiciones de la junta militar integrada por Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti que de inmediato ordenaron la designación de los integrantes del gabinete e interventores provinciales, y la vigencia del estado de sitio y de la pena de muerte. Pese a ello, la ciudad mantenía “total tranquilidad”, según el mismo diario. Paradójicamente, debajo de esa frase se informaba del hallazgo del cuerpo de la decana María del Carmen “Coca” Maggi -secuestrada por la CNU diez meses antes- y la confirmación de que había sido asesinada. Las actividades gremiales y políticas, en tanto, estaban suspendidas “para asegurar la paz nacional”, tal como se informó a través de la denominada “acta para el proceso de reorganización nacional”.   

El trabajo de los medios de comunicación también quedó bajo el control de la dictadura: las señales de radio y TV debieron tomar cadena con la red nacional de radiodifusión y televisión para difundir comunicados de la junta militar intercalados con marchas militares y, a partir de las ocho de la mañana, música folclórica y melódica. La única excepción fue la transmisión de un partido de fútbol entre Polonia y Argentina, que fue televisado por Canal 7 y en Mar del Plata, transmitido por Canal 8 y LS5 Radio Rivadavia. La emisora LU9 Radio Mar del Plata, por su parte, quedó en silencio desde la misma madrugada del 24 de marzo, luego de que personal de la Base Naval Mar del Plata retirara sus equipos “en cumplimiento de una medida precautoria de dejar una sola emisora por zona”. 

A partir del 24 de marzo, la persecución a dirigentes políticos y gremiales de la ciudad se profundizó con el argumento de impedir el "accionar de grupos subversivos".  Así, tras ser detenidos durante operativos en las centrales obreras o domicilios particulares, se los llevaban -en la mayoría de los casos- a la comisaría cuarta, en donde se verificaban sus antecedentes y se hacían “diversas averiguaciones”. Unos de los primeros en correr esa suerte fueron el entonces secretario general de la CGT regional, Roberto Comaschi, y el interventor del Partido Justicialista local, Pierino Di Toma; el asesor cegetista Norberto Centeno, el secretario del STM Osvaldo Demattei,  Antonio Daguzán (Foetra) y Héctor Intrieri (Comando de organización). 

Los mandos militares daban a conocer sus disposiciones a través de comunicados en los que advertían sobre las severas condenas que recaerían sobre quienes las incumplieran. Ese fue el caso de la Subzona Militar 15, que en su jurisdicción abarcaba los partidos de General Pueyrredon, Balcarce, Necochea, Lobería, San Cayetano y Maipú y cuyos centros clandestinos de detención fueron escenario de cientos de crímenes de lesa humanidad por los cuales los principales jefes militares fueron condenados a prisión perpetua a partir del tres décadas más tarde. Esos avisos circulaban a través de los medios y daban cuenta de la vigencia del estado de sitio, la prohibición de reuniones en la vía pública así como de propagar “noticias alarmistas”.

También advertían que cualquier manifestación callejera sería “severamente reprimida” y mencionaban que se encontraba “en plena vigencia la pena de muerte, reclusión por tiempo indeterminado y la formación de consejos de guerra especiales para aquellas personas que cometieran cualquier violencia contra el personal militar, de seguridad y policial, atentados contra buques, aeronaves, cuarteles militares o dependencias policiales, atentados de cualquier forma contra medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas, agua corriente y otros servicios públicos”. En el mismo sentido, se reiteraba que serían reprimidos “con penas de reclusión por tiempo indeterminado aquellas personas que difundieran por cualquier medio noticias o imágenes de asociaciones prohibidas o subversivas” las condenas a quienes buscaran “desprestigiar” la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales podrían alcanzar los diez años.