Traición, secuestro y crimen: los motivos de una fugaz visita presidencial y la idea de instaurar la pena de muerte

Guillermo Ibáñez había cumplido 30 años y trabajaba junto a su padre Diego Ibáñez, titular del Sindicato de petroleros de la ciudad y hombre cercano al entonces presidente Carlos Menem. Estaba en pareja, era papá de un nene y esperaba la llegada de su segunda hija. Su secuestro y el brutal asesinato del que fue víctima conmocionó al país. Menem junto al vicepresidente Eduardo Duhalde viajaron a Mar del Plata para el sepelio y en medio de las postales de dolor, el riojano anunció el proyecto para instalar la pena de muerte en Argentina.

El 6 de julio de 1990 por la mañana recibió un llamado que cambió su vida por completo: una mujer del otro lado del teléfono lo citó en un bar céntrico para brindarle detalles de la supuesta infidelidad de la que era víctima y no le dio tiempo a repreguntas. En épocas en las que aún no existían los mensajes de texto y mucho menos el Whatsapp, la única forma que Guillermo tenía para obtener respuestas era asistiendo al encuentro con la informante anónima.

Por la tarde, Guillermo llegó al bar y tras esperar varios minutos y notar que nadie asistía a la cita, decidió volver a su domicilio. En el camino se encontró con Juan Carlos Molina, sobrino político de su tía materna, que tenía un desperfecto mecánico y le pidió que lo acercara a su domicilio del barrio Libertad. Sin sospechar, el hombre frenó su Ford F100 para asistir a su familiar y, mientras se dirigían a la vivienda Roberto Acerbi y Néstor Ausqui los interceptaron y desde ese momento, la familia y los allegados de Guillermo perdieron su rastro.

Días después, los diarios locales daban cuenta del presunto secuestro del hijo del sindicalista. “El hijo de Diego Ibáñez habría sido secuestrado”, titulaba el diario La Capital en su edición del 8 de julio. El tema rápidamente se instaló en la agenda nacional debido a la proximidad que el sindicalista tenía con el entonces Presidente de la Nación y otros políticos de la época.

La reconstrucción del caso permitió a los investigadores, de acuerdo a las crónicas de la época determinar que los delincuentes llevaron a Ibáñez a una vivienda ubicada en Brandsen al 8900 y llamaron al sindicalista para exigir el pago de un rescate de 2 millones de dólares.

Los medios informaban entonces que, luego de pedir una prueba de vida la familia había realizado el pago y era inminente la liberación de Guillermo, algo que nunca ocurrió. Ibáñez conocía a los captores y su liberación con vida era un peligro para ellos.

El 25 de julio de 1990, los efectivos de la Policía Bonaerense encontraron el cuerpo sepultado en un terreno baldío ubicado en 201 y Berutti a 90 centímetros de profundidad. El resultado de la autopsia también fue tapa de todos los diarios: a Guillermo Ibañez lo habían golpeado en la cabeza y lo enterraron inconsciente. “Monstruos, lo enterraron vivo” fue el titular del diario El Atlántico. El informe de la autopsia determinó que también presentaba una contusión craneal y restos de tierra en la tráquea.

Al sepelio asistieron no solo familiares y amigos de Guillermo. Fue un verdadero desfile de figuras de la política y el sindicalismo nacional de la época. Cuando el entonces Presidente de la Nación junto a su vice llegó a la sala velatoria declaró ante los medios de comunicación que elevaría un proyecto para instaurar la “pena de muerte” para quienes cometan los crímenes de secuestro y/o violación seguido de muerte, algo que no prosperó

En octubre de 1991 comenzó el juicio a Molina, Roberto Acerbi, Néstor Ausqui junto a la mujer que hizo el llamado telefónico que sirvió de “enganche” para concretar el asesinato. Durante poco más de un mes se desarrolló el proceso en el que Alicia, la hermana de la víctima reveló que “a Guillermo lo tenían atado con una cadena que compraron con su propia tarjeta de crédito”.

Un mes más tarde, la Justicia condenó a los tres acusados por el secuestro seguido de muerte del hijo del sindicalista a reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado establecida en el artículo 52 del Código Penal. En tanto, Carmen Pascual, esposa de Ausqui, fue sentenciada a 9 años de prisión.

La pena impuesta a los tres hombres establecía que 25 años después de efectivizar la condena -es decir, en 2016- los hombres estarían en condiciones de pedir y, lograr, la libertad condicional. Sin embargo, gracias a la ley del 2x1, consiguieron el beneficio diez años antes, una vez que se acreditó el cumplimento de años en reclusión, buena conducta y predisposición a actividades dentro del penal. Ausqui murió al poco tiempo de recuperar la libertad.

En 1° de enero de 1995 Diego Ibañez murió en un accidente en la ruta 29 y en 2009, Diego, el hijo mayor de Guillermo, falleció atropellado por un tren en Capital Federal cuando tenía apenas 30 años.

En 2020 en el primer tramo de la pandemia, se supo que Roberto Acerbi había contraído coronavirus y tras su deceso nadie reclamó el cuerpo.