Las 58 preguntas para el Ejecutivo, hombres del Chiqui en el Minella y el CCT al Concejo

Las preguntas de la oposición

Con formato tan novedoso como cuestionado por la oposición de Unión por la Patria (UP), Frente Renovador y Acción Marplatense, el Concejo Deliberante comenzó el proceso de discusión epistolar de la Rendición de Cuentas 2023. La Comisión de Hacienda ya elevó a los funcionarios las consultas realizadas por los concejales (al momento, todas de UP), donde su presidenta, la libertaria Cecilia Martínez, les pidió que la respuesta sea “a la mayor brevedad posible”.

En los planes, el próximo 15 de mayo la Comisión votará las Rendiciones de Cuentas de la Administración Central, entes descentralizados y Osse, mientras que el 22 serán tratadas (y aprobadas) en Sesión Ordinaria. La oposición pretende que las respuestas estén para antes del 15, aunque no hay garantía de ello: “tenemos tiempo hasta la sesión para analizar”, matizó concejal oficialista.

Un total de 58 consultas fueron formuladas por UP, 37 de ellas dirigidas a la Administración Central, 10 a Osse, 7 al Emder, 6 al Emvial y 4 al Emsur y al Emtur. En las remetidas a las secretarías se destacan detalles sobre las becas de ayuda económica a mujeres en situación de violencia (Desarrollo Social), de la subejecución en la compra de bienes de consumo en los Caps (Salud), caída de los recursos destinados a bienes de consumo en escuelas primarias ($14,1 millones en 2023 frente a $17,3 en 2022) y reducción de los presupuestados en Secundarias (se aprobaron $51,8 millones, sacándole luego partidas por $20 millones) (Educación), no ejecución de obras como los edificios para la Escuela de Arte Dramático y Esmet N°1 (Obras), detalles de los trabajos en espacios públicos realizados en Camet y Chapadmalal (Gobierno), el plan trienal previsto para revertir el “preocupante déficit” registrado en 2023 (Hacienda), apreciaciones sobre el hecho que se trateade la secretaría con menos presupuesto (Producción), los motivos por los cuales se redujo el presupuesto en $572 millones en comparación con la cantidad aprobada (Cultura), y causales por las cuales se ejecutaron $84 millones para la compra de combustible para patrulleros cuando contaban con $120 millones (Seguridad).

En cuanto a los entes, al Emsur le consultó sobre las gestiones para la cobrabilidad de la Tasa Girsu desde el ente y no desde Osse, y sobre potenciales incumplimientos de procedimientos administrativos en contrataciones directas; al Emder sobre los motivos por los cuales se redujeron partidas para el mantenimiento de escenarios deportivos y, tras constatar que en 2023 hubo desequilibrio financiero, saber las políticas a implementar para evitar que se repita en los próximos ejercicios; al EmturyC sobre “los motivos por los cuales se dejaron sin cubrir 9 puestos de trabajo y detalles sobre un viaje a Roma de la representación del ente que participó de un evento en Génova”; y al Emvial respecto a los motivos por los cuales se redujo “la incidencia” de los programas de engranzado y mantenimiento de caminos rurales, y criterios bajo los cuales se seleccionan las zonas donde realizar pavimento.

En lo contempla a Osse, las preguntas relevantes se orientaron a los resultados de la evaluación de la situación económica y financiera de Osse que se inició en agosto cuando se suspendieron nuevas contrataciones.

La Casa de las Selecciones

La noticia estalló como una bomba el 23 de agosto de 2022: el Estadio Minella se transformaría en “la Casa de las Selecciones” a través de un convenio por el cual la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asumiría la gestión, con un ambicioso plan de reformas para que sea escenario de partidos de las diferentes selecciones nacionales, tanto masculinas, femeninas como juveniles. Se llegó a hablar de cuestión de días para que el Concejo Deliberante reciba el proyecto para su convalidación.

A tres meses de cumplirse los dos años el tema reflota periódicamente, con algunos indicios de avances y otros de retrocesos, mientras el estadio permanece con su platea techada clausurada desde fines de 2021. En los últimos se sumó una nueva novedad, donde Aprevide resolvió que ya no habrá accesos desde el estacionamiento al sector norte del estadio.

Según supo 0223, la semana pasada emisarios de la AFA visitaron el Minella, donde recorrieron las instalaciones y tomaron nota del estado de situación, en vistas del proyecto para que la entidad madre del futbol argentino avance finalmente con el proyecto para hacerse cargo del estadio. Los hombres del Chiqui Tapia estuvieron acompañados por funcionarios del Emder, ante quienes destacaron la calidad del campo de juego, el cual contrasta con la imagen que brinda el resto de la infraestructura.

En las últimas semanas el propio Montenegro hizo referencias en público al ambicioso plan. A comienzos de abril ratificó las gestiones con AFA: “está avanzado, lo estamos trabajando”, dijo a Radio Rivadavia. Días después volvió a referirse en el marco de una conferencia de prensa en el COM, donde insistió en que la Comuna no puede priorizar económicamente la revitalización del Estadio.

Allí insistió con el latiguillo de que se trata del único estadio de fútbol gestionado por una Municipalidad, lo que implican dificultades mayores a la que tienen otros escenario deportivos de gestión pública del país, que dependen de las Provincias, con cajas más abultadas que las de una ciudad. Varios futboleros que siguen la política marplatense de cerca pusieron un reparo que quedó evidenciado en el marco de la definición de la Copa de la Liga: la semifinal entre Vélez y Argentinos se jugó en el Estadio Único de San Nicolás, construido con fondos del distrito bonaerense e inaugurado en 2019, con una capacidad de 25 mil espectadores.

“El diablo metió la cola” y el Ministerio metió el CCT

Parecía un tema ya olvidado en la política marplatense y volvió a reinstalarse para echarle más combustible al conflicto entre el gobierno de Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). El miércoles el jefe comunal cruzó fuertemente al gobierno de Axel Kicillof por registrar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que el gremio acordó en 2017 con la gestión del entonces intendente Carlos Arroyo, en tiempo que lideraba Cambiemos.

“El diablo metió la cola”, lanzó Montenegro dando a entender una intencionalidad política del Ministerio de Trabajo bonaerense, y apuntó fuertemente contra algunos de los aspectos convenidos, como los “cargos hereditarios” y las contribuciones que la Municipalidad debe otorgar al sindicato.

El primer punto generó un fuerte impacto mediático, con aparición del tema en los principales medios bonaerenses. Sin embargo, en rigor el Art.8 establece que ante el fallecimiento de una agente municipal “se reservará la partida para el cónyuge o conviviente o el mayor de los hijos, siempre y cuando acredite cumplir los extremos del procedimiento especial de selección”. El caso de Mar del Plata no es inédito: cláusulas similares existen en convenios de otros municipios bonaerenses, como el caso de Bahía Blanca, firmado durante la gestión de Héctor Gay, del Pro. En tanto, el segundo aspecto cuestionado por Montenegro con mayor énfasis está normado en el Art.116, donde se obliga a la Municipalidad a realizar una contribución patronal equivalente al 1% de los haberes de los trabajadores.

Como ocurre a menudo luego de las conferencias de prensa del intendente, el que salió a cruzar a los sindicalistas en términos más confrontativos fue el senador Alejandro Rabinovich, quien directamente los llamó “lacras”. “Escuchá todas las ridiculeces que pretenden que los marplatenses paguen, brinden y acepten como si fueran los súbditos de esta manga de lacras que vive, literalmente, en otra época de la historia mundial”; sacudió desde su Twitter, pidiendo ver un fragmento de la exposición de Montenegro.

En tanto, según trascendió, el viernes la delegación regional del Ministerio de Trabajo ingresó el CCT al Concejo Deliberante, ya que una cláusula establece que debe ser aprobado por el órgano legislativo para tener validez. De extenderse a la totalidad del interbloque oficialista el rechazo al CCT -algunos recuerdan que altos funcionarios radicales avalaron el convenio desde las secretarías de Gobierno y el área Legal y Técnica durante la gestión arroyista-, el mismo tendría corta vida en el legislativo.