Los 72 barrios populares de Mar del Plata, a salvo: el gobierno da marcha atrás con la reforma
Tras la presión de aliados, el Gobierno excluyó cambios en el proyecto sobre propiedad privada y se mantienen las protecciones para los barrios registrados en el Renabap.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El oficialismo acordó excluir de su paquete legislativo del proyecto sobre propiedad privada la reforma de la Ley de Barrios Populares, luego del rechazo de bloques aliados, por lo que la normativa vigente seguirá sin cambios y mantendrá las protecciones actuales para los asentamientos registrados en el país.
La decisión implica que continúan vigentes los alcances de la ley sancionada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y ampliada en 2022 con Alberto Fernández, que reconoce a los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y establece, entre otros puntos, la suspensión de desalojos y la posibilidad de avanzar en procesos de urbanización y regularización dominial.
En Mar del Plata, el impacto es directo: los 72 barrios populares relevados en el Renabap quedan alcanzados por esa continuidad normativa y, por lo tanto, “a salvo” de eventuales cambios que habían generado preocupación en organizaciones sociales y sectores políticos.
La iniciativa original del gobierno contemplaba modificaciones sobre ese régimen, incluyendo aspectos vinculados a la suspensión de desalojos y la política de integración socio-urbana, lo que había encendido alertas entre distintos espacios.
Sin embargo, la falta de consenso con aliados parlamentarios obligó a retirar ese capítulo, en un nuevo gesto de negociación en un Congreso donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.
De este modo, los barrios incluidos en el Renabap -definidos como aquellos donde viven al menos ocho familias sin acceso regular a servicios básicos ni títulos de propiedad- seguirán bajo el paraguas legal vigente, que los reconoce como sujetos de políticas públicas específicas.
Para Mar del Plata, la definición tiene un efecto concreto: los 72 barrios populares identificados en el registro nacional mantienen las garantías actuales, en un contexto donde el debate por el acceso a la tierra, la urbanización y los servicios sigue siendo uno de los principales desafíos sociales del distrito.
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